El sector comercial podría perder hasta ¢294.060 millones anuales en ventas, o aproximadamente el 10% de la facturación que hacen con tarjeta de crédito, como consecuencia de ponerle un tope a las tasas de interés, explicó Ronulfo Jiménez, asesor económico de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
Este sería el impacto que tendría un proyecto de ley establecería como tasa de usura un nivel de 2,2 veces la tasa de interés activa promedio en el sistema financiero, con un máximo de 30,18% en colones y 15,43% en dólares, según la última propuesta de los diputados.
Según Jiménez, esto no obedece a criterios técnicos y no toma en cuenta los costos de administrar las cuentas como cobrar y gestionar atrasos, o llevar cuentas individuales.
A las personas con ingresos bajos, que gastan montos pequeños, este proyecto las afecta directamente, pues provoca que los costos fijos tengan un impacto alto con respecto al saldo prestado y, por ende, encarece el crédito.
El costo total rondaría el 59% por colón prestado para los tarjetahabientes que tienen ingresos por debajo de $300; de un 41% para un rango salarial entre $300 y $500 y de 34,5% para el rango de $501 a $750.
Como el tope que se está considerando está por debajo de estos costos, podrían quedar excluidos estos segmentos más bajos en los que se encuentran unas 727,500 cuentas, explicó Jiménez el jueves.
“Se ha hablado del impacto de la expulsión de las personas del crédito formal, lo cual es cierto y es la principal consecuencia, pero no es la única. También tiene esta otra cadena que lo que haría es profundizar la desaceleración económica del país, y lo estaríamos haciendo en el peor momento de la economía de estos años”, según Jiménez.
Para Alberto Trejos, economista de Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa) el problema es que el proyecto no ataca el problema de fondo.
«El problema está en que los profesionales del sector público están tan endeudados, en estos casos más por un tema de monto que de tasa, y por tratar de ayudarles, van a dejar sin acceso a un sector obrero», opinó.
Según la última propuesta de ley, la tasa de usura no podría superar en 2,2 veces la tasa de interés activa promedio del sistema financiero nacional.
Su implementación se extendería a las operaciones crediticias de todo tipo: tarjetas, vivienda, vehículo, comerciales, entre otros.
