La preocupación de
tres relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas acerca de un proyecto de ley que busca “regular” las huelgas en Costa
Rica, ha abierto una nueva polémica entre los sindicatos, el Gobierno, el
Congreso y los empresarios.
Los sindicatos celebraron como una victoria la carta publicada el jueves por el
relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y de expresión, David Kaye; el relator especial sobre los derechos a la
libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule; y el
relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos,
Michel Forst.
En el otro lado, la Cancillería costarricense calificó la nota de los relatores
como “prematura”, pues el proyecto de ley se encuentra en estudio de la Sala
Constitucional tras haber sido aprobado por el Congreso el pasado 4 de
septiembre en el primero de dos debates necesarios.
LA OPINIÓN DE LOS RELATORES
En su carta, los relatores advierten que si el “Proyecto de Ley para Brindar
Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos” es aprobado “podría
ser incompatible con las obligaciones derivadas de las normas y estándares
internacionales de derechos humanos contraídas por Costa Rica”.
“El proyecto de ley establece un cúmulo de restricciones directas e indirectas
a los derechos de los sindicatos y de sus sindicados, a ejercer su derecho a la
asociación, a la libertad de reunión pacífica y de expresión a través del
ejercicio de sus libertades sindicales, particularmente del ejercicio del
derecho a la huelga”, indica la opinión.
Específicamente, los relatores señalan como posibles afectaciones de los
derechos que el proyecto de ley abre la posibilidad de disolución de un
sindicato siempre que se pruebe en juicio que “organizan o incitan a sus
afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos”.
Otros puntos de la ley cuestionado por los relatores es el de la prohibición de
las “huelgas políticas”, el de prohibir huelgas por motivos por los cuales ya
se celebró una en el pasado; la reducción retroactiva de salarios en casos de
que se determine que la huelga fue ilegal, así como la ampliación de la lista
de servicios públicos esenciales en los cuales los trabajadores no pueden ir a
huelga.
ORIGEN DEL
PROYECTO
El proyecto de ley, impulsado por el diputados de varios partidos, surgió luego
de que a finales del año pasado ocurriera una huelga sindical de tres meses en
contra de una reforma fiscal que el Legislativo aprobó en diciembre de 2018 y
que establece nuevos impuestos y recortes a pluses salariales en el sector
público..
Durante el 2019 también han habido huelgas contra la implementación de la
reforma tributaria y particularmente dos en el sector salud que generaron mucho
descontento social y a nivel político.
Según los propulsores de la iniciativa, que ha sido apoyada por el Gobierno, el
objetivo es preservar la continuidad en la prestación de los servicios
públicos, especialmente aquellos considerados esenciales para la población,
como lo son la policía, la salud y los comedores escolares, entre otros.
El sector educativo quedó fuera de los servicios esenciales, pero con la ley
solo se le permitirán huelgas de docentes de 21 días continuos como máximo.
El texto permite huelgas contra políticas públicas o asuntos que no tengan
relación directa con incumplimientos laborales del patrono, pero solo durante
un periodo de 48 horas.
SINDICATOS CONTRA EMPRESARIOS
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP),
Albino Vargas, principal figura sindical del país, dijo este viernes que el
pronunciamiento de los relatores de la ONU es “un importante acontecimiento”
que, a su juicio, ratifica que el proyecto es “una ley mordaza” que contiene
“barbaridades y arbitrariedades en materia de derechos humanos”.
Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector
Empresarial Privado (UCCAEP), que ha apoyado al reforma tributaria y la
iniciativa de ley para regular las huelgas, aseguró que el pronunciamiento de
los tres relatores “no es la posición oficial de la ONU ni de la OIT”
(Organización Internacional del Trabajo).
“Ni la gente, ni el país puede seguir enfrentando movimientos que paralicen
servicios sólo para mantener o defender privilegios de unos pocos”, expresó en
referencia a los sindicatos, el presidente de UCCAEP, Gonzalo Delgado.
La polémica se atizó más con un comunicado de la oficina de Naciones Unidas en
Costa Rica, en el que indica que los relatores son expertos independientes y
que sus opiniones “no necesariamente representan la posición oficial del
Consejo de los Derechos Humanos, ni de la Organización de las Naciones Unidas”.
Sin embargo, resaltó que “los análisis y valoraciones de los relatores
constituyen insumos valiosos que deben ser considerados por parte de los
Estados”.
