El presidente de la República, Carlos Alvarado, evitó referirse este lunes a la posibilidad de vetar un proyecto de ley que propone revivir la pesca de arrastre en el país, mismo que fue aprobado en primera debate el 27 de noviembre anterior.
A criterio del mandatario, lo oportuno es esperar a que se resuelva una consulta que hicieron el pasado martes 17 diputados a la Sala Constitucional.
«Tendrá que evacuarse (en el tribunal) si se le da luz verde o no para un segundo debate. Yo no voy adelantar criterio sobre qué actuaría en un hecho hipotético. Espero estar allí cuando corresponde para tomar una determinación sobre eso (la potestad del vetar)», dijo Alvarado en una atención de prensa en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
De seguido, el gobernante destacó las acciones impulsadas en su administración, para financiar estudios sobre la sostenibilidad de la pesca de arrastre. Eso sí, reconoció que aún están pendientes otras evaluaciones cuyos costos rondan los ¢1.000 millones.
Cuando aspiraba a la Presidencia de la República, bajo la bandera del Partido Acción Ciudadana, Alvarado mostró reiteradamente su rechazo a la técnica de pesca; que en ese momento era impulsada por la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018).
De hecho, el ahora mandatario había presentado una coadyuvancia a un recurso de amparo que, finalmente, dio pie a la prohibición de la actividad de arrastre en Costa Rica.
En manos de los magistrados
Ocho de los nueve diputados del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) presentaron el martes una consulta de constitucionalidad, a la que los altos jueces tienen un mes para dar respuesta. El trámite también lo apoyaron cinco congresistas de Liberación Nacional (PLN), dos de Integración Nacional (PIN) y uno del Frente Amplio (PFA).
Ya en el 2016, los magistrados habían prohibido la pesca de arrastre por su impacto ambiental. Ahora, los legisladores intentan revertir, con supuestos estudios técnicos que validan su sostenibilidad.
El nuevo texto no habilita las licencias en lo inmediato, sino que da un año al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para hacer los estudios que determinen la cantidad de permisos a otorgar.
Con ese objetivo, la propuesta dispone de la posibilidad de realizar transferencias desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAC), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
