El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció en su Informe 2019, que a principios de 2020 concluirá con la fase de evaluación de jurisdicción de los casos por violación de los derechos humanos en Venezuela, y que podría avanzar con la fase de evaluación de admisibilidad.
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A continuación extractos del texto
Traducción libre por lapatilla.com:
18 años
II SITUACIONES BAJO LA FASE 2 (JURISDICCIÓN DE ASUNTO) VENEZUELA
Historia procesal
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La situación en la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”) ha estado bajo examen preliminar desde el 8 de febrero de 2018. Durante el período que abarca el informe, la Oficina siguió recibiendo comunicaciones de conformidad con el artículo 15 en relación con esta situación.
58)
El 8 de febrero de 2018, después de una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de una serie de comunicaciones e informes que documentan presuntos delitos que potencialmente están dentro de la jurisdicción de la CPI, el Fiscal abrió un examen preliminar de la situación en Venezuela desde al menos abril de 2017.
59)
El 27 de septiembre de 2018, la Oficina recibió una referencia de un grupo de Estados Partes al Estatuto, a saber, la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República de Paraguay y la República de Perú (los “Estados remitentes”) , sobre la situación de Venezuela. De conformidad con el artículo 14 del Estatuto, los Estados remitentes solicitaron al Fiscal que iniciara una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, con el fin de determinar si una o más personas deberían ser acusadas de la comisión de tales delitos.
Al respecto, observando los resultados de una serie de informes relacionados con la situación de los derechos humanos en Venezuela, los Estados remitentes indicaron que el informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (“OEA”) sobre la posible comisión de crímenes contra la humanidad en Venezuela debe considerarse como documentación de respaldo.
60)
El 28 de septiembre de 2018, la Presidencia de la CPI asignó la situación en Venezuela a la Sala de Cuestiones Preliminares I.
Cuestiones jurisdiccionales preliminares
61)
Venezuela depositó su instrumento de ratificación al Estatuto el 7 de junio de 2000. Por lo tanto, la CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002 en adelante.
Antecedentes contextuales
Manifestaciones entre febrero de 2014 y abril de 2017
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Entre febrero y mayo de 2014, una serie de protestas comenzaron en Venezuela cuando los estudiantes universitarios se manifestaron para denunciar los altos niveles de inseguridad en el país, exacerbados por el descontento popular, la alta inflación, la escasez de productos básicos y la criminalidad, varias miles de manifestaciones antigubernamentales se extendieron rápidamente por Venezuela . En este contexto, los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad supuestamente causaron docenas de muertes en ambos campos. Se alega además que miles de manifestantes fueron arrestados y detenidos por las fuerzas de seguridad. Las detenciones de los líderes de la oposición por su presunto apoyo a las manifestaciones violentas llevaron a una escalada de protestas antigubernamentales.
63)
Las manifestaciones masivas contra el gobierno se reanudaron en febrero de 2015. Aunque en su mayoría fueron pacíficos, se informaron algunos casos aislados de violencia, principalmente en Caracasand en el estado de Táchira. En los meses siguientes, las denuncias de violaciones del debido proceso en el arresto y enjuiciamiento de los líderes de la oposición exacerbaron aún más las tensiones políticas. En diciembre de 2015, la oposición ganó una mayoría de dos tercios de los escaños en el parlamento, obteniendo así los votos necesarios para enmendar la Constitución, remover a los magistrados de la Corte Suprema y nombrar a funcionarios clave, incluido el Fiscal General.
64)
Las crecientes tensiones entre el Gobierno y la oposición continuaron a lo largo de 2016, en particular después del anuncio de los planes de la oposición para desencadenar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que llevó a más oleadas de manifestaciones antigubernamentales en todo el país. A medida que la situación económica y el nivel de vida se degradaban, miles de civiles se manifestaron contra el gobierno venezolano. Paralelamente, miles de simpatizantes progubernamentales protestaron contra los Estados Unidos de América por su declaración de Venezuela como una “amenaza de seguridad nacional” y por imponer sanciones contra los funcionarios del Estado por presuntos abusos contra los derechos humanos.
Ola de manifestaciones antigubernamentales y escalada de violencia (abril – julio de 2017)
65)
Entre abril y julio de 2017, Venezuela experimentó un aumento en los disturbios políticos, incluida una nueva ola de manifestaciones con miles de manifestantes contra el gobierno del presidente Maduro, después de que la Corte Suprema emitió dos fallos asumiendo los poderes de la Asamblea Nacional y limitando la inmunidad parlamentaria. Los partidos de oposición venezolanos describieron la iniciativa de la Corte Suprema como un “golpe de estado” y pidieron manifestaciones exigiendo que el Gobierno restablezca la división de poderes, celebre elecciones presidenciales, libere prisioneros políticos y alivie la escasez de suministros médicos y alimentos.
La respuesta del Gobierno a las protestas celebradas entre abril y julio de 2017 incluyó el despliegue frecuente de las fuerzas de seguridad del Estado para llevar a cabo operaciones de orden público. En abril de 2017, según informes, el gobierno venezolano puso en Accione un plan de emergencia, conocido como “Plan Zamora”, para frenar las manifestaciones.
66)
El 1 de mayo de 2017, el presidente Maduro anunció planes para reemplazar la Asamblea Nacional con una nueva Asamblea Nacional Constituyente (Asamblea Nacional Constituyente, “ANC”), que se encargaría de redactar una nueva constitución, una medida que se enfrentó a más protestas generalizadas. El 17 de mayo de 2017, se lanzó una segunda fase del Plan Zamora. Según los informes, se desplegaron alrededor de 2.000 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas militares durante esta fase para controlar las manifestaciones públicas en Venezuela.
67)
Las elecciones para el ANC se celebraron el 30 de julio de 2017 y el partido y los aliados del presidente Maduro ganaron los 545 escaños en el nuevo cuerpo legislativo. La oposición boicoteó las elecciones, alegando que era fraudulenta y que erosionaría la democracia en el país. Varios Estados y observadores condenaron el establecimiento del ANC y expresaron su apoyo a la Asamblea Nacional.
Según los informes, miles de miembros reales o percibidos de la oposición resultaron heridos y arrestados en el curso de las manifestaciones celebradas entre abril y julio de 2017. Además, se informó que algunos grupos de manifestantes antigubernamentales recurrieron a medios violentos, en algunos casos dirigidos a las fuerzas de seguridad, lo que resultó en algunos miembros de tales fuerzas resultando heridos o muertos.69.
Según los informes, un número significativo de los arrestados fueron llevados ante tribunales militares y, en varios casos, los detenidos en el contexto de las protestas fueron sometidos a graves abusos y malos tratos. A partir de agosto de 2017 en adelante, aunque las protestas masivas generalmente cesaron, las fuerzas de seguridad continuaron deteniendo a partidarios de la oposición reales o percibidos, aunque de manera selectiva, y presuntamente sometieron a algunos a malos tratos o tortura durante su detención.
Crisis política tras elecciones presidenciales en 2018
70)
El 20 de mayo de 2018, se celebraron en Venezuela una elección presidencial, boicoteada por parte de la oposición. Según los resultados oficiales, el actual presidente Madurowas fue reelegido para un segundo mandato de seis años, en medio de acusaciones de fraude e irregularidades generalizadas. Tras el anuncio de la victoria de Maduro, el Grupo de Lima, un organismo compuesto por 14 Estados latinoamericanos y Canadá, creado en 2017 para abordar la crisis política en Venezuela, decidió no reconocer la legitimidad del proceso electoral alegando que no se cumplió ” estándares internacionales para un proceso democrático, libre, justo y transparente ”. Otros Estados y organizaciones internacionales también condenaron la elección del presidente Maduro e impusieron sanciones contra altos funcionarios venezolanos.
71)
En enero de 2019, cientos de miles de civiles salieron a las calles de Venezuela, principalmente en Caracas, para exigir que Maduro deje el poder y organice elecciones presidenciales gratuitas. El mitin nacional fue convocado por
