Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales aprobaron este martes el expediente 21.345, una nueva reforma a las pensiones que establece un tope a las jubilaciones futuras con cargo al presupuesto nacional.
La liberacionista María José Corrales explicó que dicho tope rondaría ¢2,4 millones y se aplicaría a las jubilaciones de gobierno y del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional.
En la actualidad más de 43 mil personas que están en estos dos regímenes y aproximadamente 2.750 reciben una pensión superior a ¢2,4 millones.
“Asumimos un compromiso claro con la ciudadanía, entendiendo que el tema de las pensiones de lujo genera un desequilibrio indeseado en tiempos de austeridad fiscal. Eso debe detenerse.
Este proyecto dictaminado hoy (ayer para el lector) establece un tope a las pensiones futuras con cargo al presupuesto nacional que rondaría ¢2,4 millones. Si bien no es la solución completa a este tema, es otro mensaje muy positivo sobre el interés que tenemos de regularlo”, declaró.
18 MESES
El proyecto también traslada 7 regímenes que administra la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) al sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social, conocido como régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
No obstante, otorga una transitorio de 18 meses, una vez aprobada esta ley, para que las personas que cumplan los requisitos puedan jubilarse y mantener los beneficios o bien se trasladen al IVM.
Esos 7 regímenes que pasarían al IVM le cuestan al país ¢75 mil millones al año. En ellos están las pensiones de Hacienda, Músicos de Bandas Militares, Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Obras Públicas, Jubilaciones y Pensiones para los Empleados del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico, Pensiones del Registro Nacional y Pensiones a Empleados Municipales.
También se cerrarían 6 regímenes de la DNP y no contributivos, que son: Pensiones e Indemnización de Guerra, Viudas e Hijos Guardas Fiscales, Civiles y otros muertos en desempeño de sus funciones, Gracia, Premio Magón, Beneméritos y Expresidentes de la República.
Estos generan un cargo al presupuesto cercano a los ¢12 mil millones anuales.
El proyecto ahora deberá entrar en la etapa de mociones de fondo para su aprobación final en el plenario.
A finales de noviembre el Congreso aprobó un recorte a las pensiones de lujo, las cuales establecen que el jubilado que hoy recibe una pensión igual o mayor a ¢2,2 millones en los regímenes de Junta de Pensiones del Magisterio, Ministerio de Trabajo e IVM (Seguridad Social), y en el caso del Poder Judicial cuando la pensión sea igual o mayor a ¢2,6 millones, estará obligado a aportar una contribución solidaria, según establece cada régimen.
La DNP indicó que el Estado se ahorraría anualmente cerca de ¢12 mil millones solo con las pensiones que se agregan de los regímenes del Magisterio y Trabajo.
