El movimiento de desobediencia civil continúa en Birmania este miércoles, tras la tercera noche de apagón de internet, con una nueva jornada de protestas masivas en contra del golpe de Estado y ante el temor de una dura represión de las fuerzas de seguridad.
La red volvió a estar disponible esta mañana tras una desconexión nocturna de unas 8 horas, el tercer corte consecutivo, apunta el observatorio NetBlocks, que recuerda que el acceso a varias redes sociales, como Facebook o Twitter, continúa «restringido».
Los cortes de internet y la presencia del Ejército en las calles de Rangún, la antigua capital y ciudad más poblada del país, mermó la afluencia en las manifestaciones a principios de semana ante el temor a detenciones y a que los soldados utilizaran la violencia para aplacar el movimiento, aunque siguieron sucediendo pequeñas concentraciones.
Líderes estudiantiles y activistas vinculados al levantamiento civil de 1988 han convocado, especialmente a los jóvenes, para que participen en una manifestación masiva que comenzó en la Universidad de Rangún para protestar por el levantamiento militar del 1 de febrero y pedir la liberación de la líder electa, Aung San Suu Kyi.
Coches de particulares, taxis e incluso un autobús fueron abandonados con el pretexto de que estaban averiados en mitad del asfalto para bloquear algunas de las principales calles de Ragún e impedir el paso de los vehículos de la Policía o el Ejército.
El relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en Birmania (Myanmar), Tom Andrews, expresó en un comunicado su temor de que este miércoles se produzca una respuesta violenta a mayor escala de lo visto desde el golpe.
«He recibido informes de soldados que están siendo transportados al menos a Rangún desde regiones periféricas. En el pasado estos movimientos de tropas precedieron a asesinatos, desapariciones y detenciones a gran escala», indicó Andrews al instar a las autoridades a respetar el derecho de manifestarse pacíficamente.
«La continua represión de las libertades básicas y los derechos humanos contra el pueblo birmano debe terminar de inmediato», instó el relator.
Desde la asonada, encabezada por el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, y hasta el martes, al menos 452 personas fueron detenidas, incluidas 35 que ya han sido liberadas, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).
Suu Kyi permanece bajo arresto domiciliario en Naipyidó, la capital, acusada por los cargos de importación ilegal de un dispositivo telefónico y vulnerar supuestamente la ley de desastres naturales, delitos que acarrean largas penas de prisión.
La junta militar justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre en los que la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, arrasó, como ya hizo en 2015.
