El expediente 22, 444 presentado por el diputado de la Unidad, Oscar Cascante, busca ampliar los efectos de la actual Ley N.° 9577, “Protección a los ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales”, que se encuentra pronta a vencer su vigencia.
Debido principalmente a la falta de un adecuado ordenamiento territorial que adolece nuestro país, en las últimas décadas miles de familias costarricenses que habitan en estas zonas han vivido en zozobra y con temor de ser desalojados de sus tierras, de ser demolidas sus viviendas o ver afectadas sus actividades y proyectos que ahí se desarrollan.
La fracción del PUSC aseveró que dada la trascendencia de la situación se hace imperativo volver a aprobar una nueva ley que permita seguir dándoles tranquilidad a los ciudadanos costarricenses afectados.
Asimismo, sentenciaron que con el paso del tiempo, el ordenamiento territorial se ha vuelto complejo desde el punto de vista jurídico-constitucional, técnico-ambiental, económico y social.
La iniciativa de Cascante propone:
- Suspender por un plazo de 48 meses el desalojo, la demolición de obras, actividades y proyectos en la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado (PNA) a partir de la vigencia de la ley.
- En el caso del patrimonio natural del Estado señala que la aplicación de la suspensión que denomina “moratoria” está sujeta al dictamen técnico favorable del Ministerio de Energía y Ambiente (Minae).
- Los ocupantes no adquieren derechos sobre las zonas objeto de la moratoria y no pueden hacer modificaciones en las obras, actividades y proyectos ubicados en esas zonas especiales.
- Que el Estado no permita nuevas ocupaciones en las zonas especiales durante la vigencia de la moratoria
- Autorizar a las municipalidades en las zonas de su competencia a aplicar la moratoria, conforme a los términos establecidos en la eventual ley, previo dictamen del órgano municipal competente.
- Durante la vigencia de la moratoria impone al Estado el deber de tomar las medidas de ordenamiento en las zonas a las que se refiere el proyecto de ley.
Para los socialcristianos es importante aclarar que «no son precaristas», son personas que tienen varios años de vivir en esas zonas, muchos de ellos hasta con negocios que pagan impuestos y lo que se les está buscando es dar seguridad jurídica.
En relación con la nota del medio digital crhoy.com titulada “Proponen suspender desalojos de precaristas durante 4 años».
Finalmente, aseguraron que «responsablemente la fracción se está buscando dar una solución integral a miles de familias que están inmersas en esta problemática».
