Un estudio realizado por OPol Consultores determinó que más de un 80% de los costarricenses rechazan la despenalización del aborto en el país.
El estudio se realizó con 1600 muestras entre los días 25, 26 y 27 en todo el país de manera proporcional en las 7 provincias, tiene un margen de error de 2,4% y una confiabilidad de 95%.
Ayer, el presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró que su Administración «no apoyará ningún proyecto de ley para permitir el aborto en el país».
Días atrás, el Movimiento Aborto Legal Costa Rica anunció que presentaría un proyecto en la Asamblea Legislativa, mediante la ventanilla de iniciativa popular, con el fin de buscar que se legalice el aborto en Costa Rica, y que se garantice el aborto legal, seguro y gratuito en el país.
La diputada oficialista Paola Vega, celebró en su control político del 8 de marzo esta iniciativa de ley; «la ONU ha llamado la atención a Costa Rica para que tenga regulado el aborto en casos de violación o incesto, o cuando existe incompatibilidad del feto con la vida fuera del vientre. Tarde o temprano, este país tendrá el aborto legal, cuando todas las mujeres podamos decidir si queremos o no aplicarnos un aborto. Espero que este parlamento y el próximo, pueden ver esto desde la ciencia, sin dogmas y entender que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es lo mínimo», señaló la diputada.
Este proyecto buscaría que mujeres puedan realizar abortos sin imposiciones de ningún tipo hasta la semana 14 de gestación y a partir de ahí, se cumplan las reglas del aborto terapéutico, en los casos de violación, o riesgo a la vida o la salud integral.
Por su parte la diputada de Nueva República, Nidia Céspedes mantiene una protesta en el Plenario Legislativo desde el 22 de marzo para que este proyecto de ley no llegue al Congreso y no se pueda darle el trámite respectivo.
En la misma línea, los diputados del Partido Nueva República, presentaron un proyecto de ley que pretende endurecer las penas con que se castiga el delito de aborto en Costa Rica.
La iniciativa busca equiparar las penas del delito de aborto con el delito de homicidio, a fin de otorgar mayor protección a los niños por nacer, así como a las madres quienes pueden ver amenazada su salud y su vida al realizarse un aborto. Con esta propuesta, el que causare la muerte de un feto podría ser sancionado con 35 años de prisión.
Fuente: elmundo.cr
