Varias organizaciones LGTBIQ aseguraron que «el repudiable canje de la ciencia y los Derechos Humanos en el Proyecto de Ley de Empleo Público, es una bofetada presidencial para toda la comunidad que le creyó que “nunca más iba a caminar sola”».
Según los firmantes «con indignación atestiguamos la semana pasada que la fracción oficialista, por órdenes del presidente Carlos Alvarado, avaló la denominada “objeción de conciencia”, propuesta por las agrupaciones neo- pentecostales y conservadoras, para eximir a las personas trabajadoras del sector público, de la obligación de capacitarse y formarse, bajo el alegato de sus creencias religiosas, éticas y morales. Esto además generó la renuncia de Margarita Salas, a su cargo ad honorem como Comisionada Presidencial para Asuntos LGBTIQ, decisión que lamentamos, sin embargo, respaldamos».
Además, señaló «como organizaciones firmantes repudiamos las acciones del presidente Alvarado, quien hoy intenta minimizar la importancia que reviste la formación, información y educación de quienes integran el aparato estatal, el cual, en su gestión administrativa y judicial, debe ser garante de los derechos humanos, así como basar sus actuaciones en criterios científicos y no en creencias religiosas, éticas o morales, en contra de lo prescrito por los artículos 11 y 33 de nuestra Constitución Política».
«Como comunidad organizada, tomaremos acciones contundentes y acudiremos a las instancias necesarias, con el fin de proteger el avance de los derechos humanos y la ciencia, que nunca más serán moneda de cambio para los despropósitos de un gobierno voluble e incongruente y que pacta con los mayores detractores de los derechos humanos, la libertad, la igualdad y la inclusión social y que nos conduce a basar las acciones políticas y la formación de la ley, en creencias religiosas, éticas o morales», sentenciaron.
«Exigimos al presidente y a la fracción legislativa oficialista, retirar el apoyo a iniciativas que van en detrimento de la progresividad de los derechos de toda las personas y que desnaturaliza la gestión pública y debilita al Estado Social de Derecho», concluyeron.
Fuente: elmundo.cr
