El Ministerio Público investiga un aparente tráfico de influencias en la vacunación contra el Covid-19 en el país.
Auditorías de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirman maniobras en distintos centros médicos del país que permitieron adelantar la aplicación de la dosis a funcionarios que aún no les correspondía según el nivel de prioridad establecido.
Tras valorar las informaciones trascendidas, la Fiscalía Anticorrupción abrió una causa penal que se mantiene en etapa de recolección y análisis de pruebas, por lo cual no es pública.
El experto en Derecho Penal, Gustavo Ocampo, dijo que, en caso de encontrarse alguna responsabilidad, los funcionarios se expondrían a sanciones de hasta cinco años de prisión.
Por el momento se desconoce cuáles funcionarios están siendo investigados por el presunto tráfico de influencias. De acuerdo con el Ministerio Público, esto se debe a que estas personas aún no han sido indagadas.
Al respecto, Ocampo manifestó que podrían darse allanamientos y otras diligencias judiciales para avanzar con la investigación.
La Fiscalía también investiga un aparente incumplimiento de deberes relacionado con la vacunación contra el Covid-19, luego de que, en apariencia, un funcionario del Área de Salud de la Unión engañara a un adulto mayor haciéndole creer que le había colocado la dosis sin llevar a cabo el proceso de manera correcta.
Fuente: monumental.co.cr
