Representantes de la Fiscalía de Costa Rica continuarán este miércoles las audiencias de medidas cautelares del caso denominado «Cochinilla», por el cual permanecen detenidos 28 funcionarios de entidades estatales y privadas, señalados por presuntos actos corrupción en contratos de obras públicas.
Según un comunicado de la Fiscalía, durante la noche del martes pasado los abogados de la defensa concluyeron sus audiencias ante el Juzgado Penal de Hacianda, las cuales se extendieron durante una semana.
Concluida esa fase, los jueces deliberarán por espacio de tres días para dictar las medidas cautelares o de otro tipo que consideren apropiadas para cada uno de los detenidos, que guardan prisión desde el 14 de junio pasado.
Aunque suman 28 los cautivos, las autoridades judiciales aseguran que investigan en total a 72 personas.
El 14 de junio pasado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 57 allanamientos, incluidos varios en las oficinas de altos asesores de la Presidencia del país.
Estos sujetos tenían conexiones a través de las cuales firmas constructoras ofrecían dádivas, propiedades de lujo y favores sexuales a cambio de un trato preferente para asegurar contratos gubernamentales de infraestructura.
Los implicados laboraban en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y en empresas constructoras privadas como Meco, H. Solís, Constructora Herrera, Cacisa e ITP Ingeniería.
Entre 2018 y 2020, las autoridades estiman que los servidores públicos se apropiaron de manera indebida de cerca de 78.000 millones de colones (unos 125 millones de dólares).
Los ejecutivos de la construcción crearon facturas falsas y contratos con sobreprecios para compensar las coimas pagadas a los funcionarios de Gobierno, según los investigadores.
De acuerdo con medios locales, este caso podría convertirse en una prueba de fuego para el sistema de justicia de la nación. Los fiscales han abierto una investigación donde muchos de los involucrados pertenecen a la élite, que hacen más complicado el escenario por su capacidad de socavar las investigaciones anticorrupción.
Fuente: Telesur
