El Banco Central emitió una denuncia hacia la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) por evadir el tema de sus deudores.
Esta demanda va específicamente hacia la jerarca de la SUGEF, Rocío Aguilar, quien es acusada de desobediencia a la autoridad.
Banco Central lanza inesperada denuncia a la SUGEF
La demanda fue presentada ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por la Gerente del Banco Central en agosto de este año.
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De acuerdo con reportes, la acción por la que se presenta la denuncia se relaciona con la falta de entrega de información solicitada el 23 de noviembre del 2022 por la Junta Directiva del Banco Central, para tener acceso a datos de todas las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona.
Una demanda que puede no tener futuro
A través de un comunicado de prensa, la SUGEF argumenta que la solicitud es contraria a la ley, que declara la confidencialidad de la información, y que prohíbe suministrar información a terceros.
Asimismo, la Asociación Bancaria Costarricense respalda la posición de la SUGEF y agregan que el requerimiento de información confidencial por parte del Banco Central es recurrente ya que, mediante una modificación del Reglamento del Sistema de Pagos, también está exigiendo a las entidades financieras que le entreguen la información de las transacciones cambiarias que realizan los clientes; incluyendo nombre, número de cédula y montos de todas las personas físicas y jurídicas que compran divisas sin justificar el propósitos de esa solicitud ni la base legal que la respalda.
La información se está pidiendo por fines estadísticos
Por otra parte, El Banco Central manifestó por escrito que se requiere de dicha información para las nuevas estadísticas crediticias, que permitirán conocer el nivel de endeudamiento de los hogares, riesgo financiero y zonas susceptibles.
La Procuraduría General de la República manifestó que, sí es deber de la SUGEF suministrar dicha información al Banco Central, ya que se requiere para fines estadísticos.
La infracción por irrespetar la confidencialidad de los datos, conlleva a una pena de prisión de cuatro a seis años, así como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Con información | Trece Noticias
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