La bancada legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pidió a la Contraloría General de la República investigar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
En un oficio enviado a la contralora Marta Acosta, los diputados socialcristianos solicitaron revisar nombramientos y contrataciones. El PUSC cuestionó el gasto de más de ¢1.500 millones en asesorías y el manejo de $3 millones provenientes de cooperación internacional.
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“Es realmente preocupante la falta de transparencia en el uso de recursos públicos de la UNGL, y se desconoce si estos recursos están siendo utilizados para fortalecer el trabajo municipal y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las comunidades.
“Esperamos que la Contraloría realice una investigación exhaustiva de este caso”, declaró el congresista Horacio Alvarado, quien fue alcalde de Belén.
La misiva fue firmada por los nueve congresistas que integran la bancada socialcristiana.
La Nación reportó, el pasado 6 de setiembre, que la Junta Directiva de la UNGL acordó contratar una auditoría externa para revisar la gestión de la directora ejecutiva, Karen Porras Arguedas, quien fue objeto de cuestionamientos por presuntos nombramientos a dedo.
En el comunicado de prensa divulgado este lunes, el PUSC señala que Porras también será investigada por la auditoría debido a supuestas anomalías en el uso de la caja chica y vehículos institucionales.
El 31 de agosto pasado, Fabiola Salas Leal renunció como encargada de Recursos Humanos de la UNGL, bajo el alegato de haber recibido reclamos y presiones por parte del asesor legal y la directora ejecutiva, luego de oponerse a un nombramiento.
Dos días antes de su renuncia, Salas indicó en un oficio que Porras que no podía nombrar a una mujer de apellidos Arias Molina como asesora de la Dirección Ejecutiva, debido a que no cumplía requisitos.
“Posterior al envío de dicho correo, el 30 de agosto, recibí reclamos por parte del asesor legal y presión por parte de la Dirección Ejecutiva, donde por medio de intimidación y abuso de poder, se me solicitó dejar sin efecto el mencionado oficio, situación que no comparto y no puedo seguir tolerando”, alegó.
Luego de estos acontecimientos, el presidente de la UNGL y alcalde de Buenos Aires, José Bernardino Rojas, confirmó a La Nación que los directivos acordaron contratar una auditoría externa sobre la gestión de Porras.
Rojas reconoció que la Junta Directiva también ha recibido quejas relativas al cobro de horas extra y la renuncia de funcionarios.
Con información | LA NACIÓN
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