UCR advierte sobre riesgos en reforma al reglamento de agua potable

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Cortesía: fundacionaquae.org

La Universidad de Costa Rica (UCR) expresa su preocupación por la propuesta de reforma al Decreto Ejecutivo N.° 38924-S, Reglamento para la Calidad del Agua Potable, vigente desde el 12 de enero de 2015.

La institución académica instó a las autoridades competentes a reconsiderar la decisión de aumentar los límites permitidos de plaguicidas en el agua potable, argumentando que esta modificación podría poner en riesgo la salud de la población y comprometer el acceso a un recurso vital libre de contaminantes.

El Consejo Universitario de la UCR, tras un análisis detallado de la propuesta, alertó sobre la introducción de nuevos Valores Máximos Admisibles Ajustados por Riesgo (VMAAR), los cuales superan ampliamente los límites establecidos en la normativa actual. Entre los cambios más preocupantes se encuentra la posibilidad de permitir niveles alarmantes del plaguicida clorotalonil, prohibido desde 2023 por su clasificación como cancerígeno y detectado en numerosas fuentes de agua en el país.

Un riesgo para la salud pública

La UCR señaló que, de aprobarse la reforma, el agua potable en Costa Rica podría contener concentraciones más altas de residuos de pesticidas, lo que representaría un peligro potencial para la salud pública. El clorotalonil, en particular, ha sido identificado como un químico altamente tóxico, y su presencia en el agua de consumo humano podría tener efectos graves a largo plazo, incluyendo el desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer.

“El reglamento vigente se basa en la estricta regulación de la Unión Europea, por lo que es fundamental mantener el Valor Máximo Admisible (VMA) en lugar de sustituirlo por un valor de alerta”, destacó el Consejo Universitario. La institución enfatizó que, dada la falta de monitoreo continuo en las fuentes de agua y los operadores de abastecimiento en el país, cualquier relajación de los estándares actuales incrementaría el riesgo para la población.

Ahora, corresponde a las autoridades competentes tomar en cuenta estas advertencias y actuar en consecuencia, priorizando la salud y el bienestar de la población por encima de cualquier otro interés.

Información de: elpais.cr