Un nuevo proyecto de ley ha sido presentado en la Asamblea Legislativa con el propósito de imponer sanciones a quienes utilicen inteligencia artificial (IA) para alterar imágenes, voces o datos personales sin el consentimiento correspondiente, con el fin de crear noticias falsas durante las campañas electorales.
Esta iniciativa busca asegurar la transparencia, combatir la desinformación y prevenir la manipulación de la opinión pública a través de tecnologías avanzadas.
La propuesta, impulsada por los legisladores de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García Molina y Vanessa Castro Mora, cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El texto sugiere una reforma al artículo 289 del Código Electoral para aplicar sanciones, siempre y cuando la infracción no sea considerada un delito según la misma normativa.
Entre las medidas propuestas para regular el uso de IA en los procesos electorales costarricenses se encuentran:
- La obligación de etiquetar y alertar cuando el contenido haya sido generado mediante IA, garantizando así que los electores puedan reconocer la fuente de la información.
- La prohibición del uso de IA para modificar imágenes, voces o datos personales sin consentimiento, lo que ayuda a evitar la creación de deepfakes o contenidos engañosos.
- La implementación de multas diferenciadas según la gravedad de la infracción, con el objetivo de desalentar el uso indebido de estas tecnologías.
- La posibilidad de que el TSE establezca convenios con entidades especializadas para supervisar el cumplimiento de la normativa.
En cuanto a las sanciones, el proyecto establece que se impondrán multas que oscilarán entre 10 y 50 salarios base, dependiendo del daño ocasionado, a quienes incumplan las normas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial en la propaganda electoral.
La diputada Castro expresó: “El desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial han transformado la manera en que se comunica y difunde la información en el ámbito político. Si bien estas herramientas ofrecen oportunidades, también pueden comprometer la transparencia y la equidad del proceso electoral. Por ello, es crucial que Costa Rica cuente con un marco regulatorio que garantice el uso responsable de la inteligencia artificial”.
Con información de | diarioextra.com
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