Luego que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, informara al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el panorama general de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, desde agosto del 2018 hasta julio del presente año, el gobierno de Costa Rica emitió un comunicado donde se le exige al gobierno de Daniel Ortega, cumplir con las recomendaciones de la organización internacional.
La Embajadora de Costa Rica, Representante Permanente de la ONU, Elayne Whyte, exhortó a la comunidad internacional a apoyar la implementación de las recomendaciones que se le hacen a Nicaragua.
Asimismo, manifestó con profunda convicción que a Costa Rica le preocupa el futuro de Nicaragua. “El futuro de Nicaragua debe empezar a reconstruirse a partir de hoy, sin demora, y con la voluntad expresa de su gobierno para cumplir las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, especialmente la apertura a la colaboración con su Oficina, los procedimientos de este Consejo (de Derechos Humanos) y los mecanismos regionales de derechos humanos.”
Costa Rica también llamó la atención sobre la necesidad que el Gobierno de Nicaragua restablezca el funcionamiento del espacio democrático, que construya una institucionalidad sólida y objetiva en el país, empezando por una institución nacional de derechos humanos independiente.
De igual forma, Costa Rica expresó su apoyo a la recomendación de la Alta Comisionada de que Nicaragua debe asegurar la pronta aplicación de las reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes; así como la reanudación urgente de un diálogo significativo e inclusivo y la implementación plena de los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo del 2019.
Revelaciones del Informe de Bachelet sobre Nicaragua
El informe de Bachelet establece con claridad las violaciones graves acaecidas en Nicaragua en el contexto de la crisis que inició en abril de 2018 que incluyen, entre otros, la coartación a la libertad de asociación y represión selectiva de las voces disidentes en Nicaragua, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, ejecuciones extrajudiciales, así como violaciones del derecho a un juicio justo en casos de personas procesadas por su participación en las manifestaciones. Señala también que ante la situación, 80.000 personas han huido de Nicaragua.
Bachelet da cuenta de que a pesar de tanto las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el GIEI documentaron graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas, “…las autoridades estatales han negado hasta el momento cualquier responsabilidad y, más bien, han culpado a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de los derechos humanos y a los manifestantes de lo que ellos llaman la “violencia golpista” y de la repercusión negativa en la economía del país. Salvo por una sentencia, las investigaciones y los procesos llevados a cabo en el momento de redactar el presente informe se han centrado únicamente en las personas que participaron en las protestas, prestaron apoyo a quienes protestaban o fueron críticas con el Gobierno. La OACNUDH no tiene conocimiento de ninguna otra investigación sobre las denuncias de violaciones y abusos cometidos por la policía o elementos progubernamentales en el contexto de las protestas.
El informe menciona que “esta situación refleja la falta de voluntad de garantizar la rendición de cuentas y consolida la impunidad por la violación de los derechos humanos, negando el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. También socava, aún más, la confianza pública en las instituciones del Estado.”
Con información de Cancillería Costa Rica
