De forma unánime los 42 diputados presentes en el plenario este jueves dieron segundo debate al expediente 20.648, que adiciona un artículo a la Ley de Contratación Administrativa.
Con esta iniciativa, impulsada por la liberacionista Karine Niño, el gobierno podrá solicitar la inhabilitación de una empresa que incumpla contratos con el Estado.
Específicamente con esta modificación a la ley se establece que la Administración, una vez concluido el debido proceso, inhabilitaría para participar en los procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, por un periodo de 3 a 10 años según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que sin justa causa incumpla o cumpla de manera defectuosa con el objeto del contrato, o infrinja los programas de trabajo pactados.
Dicha sanción se aplicaría para participar en los procesos de contratación administrativa desarrollados por la Administración central, la descentralizada y las municipalidades.
De acuerdo con Niño, la reforma, que recibió luz verde esta semana de los magistrados de la Sala Constitucional, viene a cerrar portillos a las empresas que sin justa causa le incumplen al Estado, tomando recursos de los costarricenses y echándolos a la basura con irresponsabilidad, con obras a medio palo, mal hechas, pero con costos millonarios.
Aseguró que con el proyecto se pretende corregir una problemática de años, como es en el caso de infraestructura vial, que presenta un rezago significativo.
“En Costa Rica ostentamos la posición 123 de 137 países en cuanto al nivel de competitividad por concepto de infraestructura de caminos, según el Índice de Competitividad Global 2017-2018, de ahí la urgencia de avanzar en esta materia”, aseveró.
Añadió: “Pese a que desde Lanamme-UCR se han señalado más de 500 evidencias sobre incumplimientos y deficiencias en contratos de obra pública vial en los últimos cinco años, la Contraloría General de la República solo evidencia tres casos de inhabilitación para empresas que incumplen en esta materia y en ningún caso han sido empresas constructoras”.
