Managua.- La Policía de Nicaragua ocupó este jueves las calles de Managua previo a una marcha convocada a la tarde por estudiantes, cuyo permiso fue denegado en la víspera por esa autoridad.
Agentes antimotines se desplazan desde la mañana a bordo de camionetas por la emblemática carretera a Masaya, en las rotondas de la capital; además policías con perrosrecorren a pie la zona por donde se realizará la marcha, precisó AFP.
La marcha fue convocada para la tarde por diferentes colectivos de universitarios en ocasión del Día Nacional del Estudiante, que se celebra el 23 de julio, pero la policía les negó el permiso solicitado.
La caminata esta prevista en un tramo de la carretera a Masaya, entre las rotondas Jean Paul Genie y la Centroamérica, al sureste de Managua.
En un comunicado la autoridad argumentó que la solicitud para marchar no cumplía los requisitos de ley y tachó a sus organizadores de «individuos que dicen ser estudiantes» y les atribuyó «antecedentes delictivos».
Pese a la denegación del permiso la convocatoria se mantiene, dijo el dirigente estudiantil Max Jérez, quien estimó que con el despliegue policial «una vez más el gobierno expresa temor ante la presión de la movilización en la calle».
Asimismo consideró que el gobierno demuestra «falta de voluntad de respetar los derechos constitucionales» de reunión y movilización de los nicaragüenses.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidos (OACNUDH), se pronunció a través de Twitter para instar al gobierno «a asegurar los espacios para que las personas se reúnan pacíficamente y expresen libremente sus opiniones».
Las marchas opositoras están prohibidas por la policía desde septiembre de 2018, tras una seguidilla de cinco meses de protestas, que el gobierno califica de intento de golpe de estado.
Las protestas iniciaron en abril de 2018, contra una reforma a la seguridad social, pero ante las muertes de manifestantes por el uso de la fuerza derivaron en una demanda de renuncia del presidente, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Organismos de derechos humanos estiman que las protestas y su represión han dejado 325 muertos, 2.000 heridos, centenares de detenidos -la mayoría ha sido liberada- y 62.500 refugiados.
Con información de El Universal
