Estudiantes y defensores de los Derechos Humanos perseguidos por las fuerzas de seguridad del Estado y por las fuerzas paramilitares que les apoyan. Ese es el perfil de la mayoría de los nicaragüenses que han buscado refugio en la vecina Costa Rica huyendo de la represión del Gobierno de Daniel Ortega desde abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Más de 70.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua desde entonces, de las que 55.500 han solicitado protección internacional en Costa Rica, según el informe ‘Migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica’ publicado por la CIDH. Dentro del país que gobierna Ortega, al menos 325 han muerto y otras 2.000 han resultado heridas, mientras que 700 más han sido detenidas y enjuiciadas.
El informe, resultado de la visita de trabajo que realizó la CIDH a Costa Rica entre el 14 al 18 de octubre de 2018 y durante la que realizó 259 entrevistas y recabó 152 testimonios de nicaragüenses solicitantes de asilo y con necesidades de protección internacional, analiza las causas de este éxodo y los riesgos a los que se enfrentan en el país en el que ahora residen.
Según la CIDH, el 23 por ciento de quienes huyeron hacia Costa Rica son estudiantes que participaron en las manifestaciones y protestas, mientras que un 22 por ciento son defensores de Derechos Humanos y líderes de movimientos sociales y campesinos.
Además, un 18 por ciento son personas que apoyaron a quienes participaron en las protestas a través de la provisión de alimentos, casas de seguridad y medicinas, mientras que un 8 por ciento son médicos, un 2 por ciento periodistas y un 2 por ciento ex militares y ex policías que se negaron a participar en actos represivos ordenados por el Gobierno.
En cuanto al motivo que les empujó a huir, el 46 por ciento fueron los grupos parapoliciales que apoyan al Gobierno de Ortega, un 37 por ciento la Policía Nacional, y un 17 por ciento los grupos de vigilancia y control, como los Consejos de Poder Ciudadano.
Los testimonios recabados, según la CIDH, también pusieron de manifiesto que la mayoría de ellos se desplazaron primero dentro de Nicaragua antes de abandonar su país, dejando sus hogares y resguardándose en casas de seguridad, amigos o familiares.
La CIDH ha reconocido el importante papel del Estado costarricense en favor de la protección de los Derechos Humanos de los nicaragüenses llegados al país, sobre todo su política de fronteras abiertas, pero le ha recomendado, entre otras cosas, garantizar sus derechos como el derecho a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales.
También ha planteado recomendaciones al Gobierno nicaragüense, al que pide que cese los actos de persecución que generan desplazamiento forzado, respete los derechos a salir del territorio del país y buscar y recibir asilo de sus ciudadanos, y brindar asistencia humanitaria a personas desplazadas.
Crisis en Nicaragua
La crisis estalló en el país en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la «democratización» de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno y a lo que el presidente respondió con una dura represión.
El líder ‘sandinista’ ofreció finalmente un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo el diálogo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.
La Alianza Cívica que aglutina a la oposición había exigido al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio. El Gobierno ha excarcelado a cuentagotas a unos 200 bajo la modalidad de «casa por cárcel», es decir, bajo una especie de arresto domiciliario.
Con información de Europa Press
