Al menos 38 personas murieron este miércoles en Birmania en una nueva jornada de protestas contra la junta militar violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, según la enviada especial de la ONU, Christine Schraner Burgener.
“Hoy fue el día más sangriento desde que ocurrió el golpe”, dijo Schraner Burgener en una conferencia de prensa para repasar la situación en el país asiático desde que los militares tomaron el poder el mes pasado.
Las manifestaciones en rechazo del golpe militar continuaron este miércoles a lo largo del país, a pesar de la brutal represión policial, que solo el domingo se había cobrado la vida de 20 manifestantes, la mayoría a causa de disparos de la Policía.
VALENTÍA FRENTE A LA REPRESIÓN
A pesar de la represión con munición real, gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma y hasta tirachinas, los birmanos llevan semanas desafiando a los uniformados en las calles para pedir el retorno de la democracia y la liberación de sus líderes electos, incluida la nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
«Odiamos a la junta desde lo más profundo de nuestro corazón. Solo hoy, más de 10 jóvenes han muerto. Estaban protestando de manera pacífica sin armas, pero la junta militar y las fuerzas policiales intentan sacarnos de la calle como sea», dijo a Efe Thame, un estudiante de Medicina que participa casi a diario en las protestas.
«Nos intimidan e incluso nos disparan. Los odio (…) Nuestro futuro está muriendo, si no hacemos nada por ello vamos a perder nuestro futuro. Ese pensamiento me da más miedo que morir. Eso es por lo que salimos a la calle», añadió el universitario de 23 años.
Más de una treintena de manifestantes han fallecido desde el golpe militar del pasado 1 de febrero debido a los disparos de la policía y los soldados, incluidos 20 muertos en las protestas del pasado domingo, el día más sangriento.
Además de munición real, las autoridades birmanas volvieron a reprimir hoy las protestas con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras frente a manifestantes ataviados muchos de ellos con cascos de plástico y escudos rudimentarios.
Los manifestantes exigen al Ejército, que gobernó el país con puño de hierro de manera ininterrumpida entre 1962 y 2011, que reconozca los resultados de las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Suu Kyi.
LLAMAMIENTO DEL PAPA
Desde el Vaticano, el papa Francisco abogó hoy por el diálogo contra la represión en Birmania, país que visitó en 2017, y realizó un llamamiento para que se libere a los dirigentes políticos encarcelados.
«Aún me llegan noticias tristes desde Myanmar de sangrientos enfrentamientos con pérdida de vidas humanas. Deseo llamar la atención de las autoridades involucradas para que el diálogo prevalezca sobre la represión y la armonía sobre la discordia», dijo Francisco tras la audiencia general celebrada sin fieles en el palacio pontificio.
Los ministros de Exteriores de Filipinas, Indonesia, Malasia y Singapur lamentaron el martes el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades birmanas para aplacar el movimiento de oposición pacíficos surgido tras la sublevación militar y pidieron la libertad de Suu Kyi y otros detenidos.
Los cancilleres, reunidos por videoconferencia durante una sesión informal de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) donde participó el ministro de Exteriores nombrado por la junta militar birmana, Wunna Maung Lwin, reclamaron al Ejército buscar una solución dialogada a la crisis política.
A pesar de los llamamientos de la comunidad internacional y de las sanciones de países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, los militares birmanos, encabezados por el general golpista Min Aung Hlaing, continúan con la represión de las protestas y las detenciones, que ascienden ya a más de 1.200.
Los uniformados también han llevado a cabo apagones parciales de internet y han bloqueado Twitter y Facebook, aunque muchos burlan esta medida mediante programas VPN, que permiten la conexión a la red a través de servidores extranjeros.
El Ejército birmano justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño tras la victoria del partido de Suu Kyi, que ya ganó por mayoría arrolladora en 2015.
