Tres funcionarios de distintas dependencias de la Municipalidad de Puntarenas advirtieron por escrito al alcalde Rándall Chavarría, que la orden que giró para trasladar ¢10 millones a la Comisión de Festejos Populares del cantón, constituía una violación al Código Municipal, ya que no se contaba con contenido presupuestario.
Lejos de claudicar, el gobernador local insistió en que se hiciera cumplir su disposición.
Ello consta en oficios del ayuntamiento, de acuerdo con la orden de allanamiento girada por el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José a solicitud de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), de la cual El Observador tiene copia.
Dicho documento también fue parcialmente leído durante el control político en la pasada sesión del Concejo Municipal, realizada la tarde y noche del 4 de noviembre de 2019
El mismo corresponde al aval que dio la jueza Dayana Londoño a una serie de operativos en el cantón realizados el 30 de octubre de 2019 en 11 sitios:
- Municipalidad de Puntarenas y su Auditoría Interna
- Secretaría del Concejo Municipal de Puntarenas
- Casas del alcalde Rándall Chavarría y la directora de Hacienda, Marny Chan; así como seis representantes de la Comisión de Festejos Populares de apellidos Ugarte, Vargas, Denés, Nole, Zamora y Elizondo
Los ocho sujetos son investigados por aparente malversación de fondos públicos. Ese delito es castigado con entre 1 y 10 años de cárcel.
Ese día, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron al alcalde. Por su parte, el Ministerio Público solicitó la suspensión de Chavarría del cargo por seis meses.
Sin embargo, el Juzgado Penal de Puntarenas rechazó la petición e impuso al gobernador local la medida cautelar de no molestar ni contactar a testigos del caso.
Un día más tarde el representante popular quedó libre.
En la justificación de la orden de allanamiento, se lee que, haciéndose un “análisis del marco fáctico”, se cumple con que los hechos investigados constituyen delito en primer término. Lo anterior por que, se cree, el alcalde Rándall Chavarría “desvió caudales de fondos públicos mediante una arbitraria imposición”.
Todo esto porque el gobernador local pidió que la ejecución del acuerdo SM-018-2018 del Concejo Municipal de Puntarenas, para conceder de manera reembolsable ¢10 millones a la Comisión de Festejos Populares del cantón; a pesar de que sabía que no existía contenido presupuestario para esa erogación, además de que contravenía la normativa municipal.
Además, como los encartados no devolvieron el dinero, la Municipalidad de Puntarenas sufrió un daño patrimonial ya que el traslado que hizo, pasó a ser una cuenta por cobrar; razona el documento.
Este medio pidió el lunes a Chavarría referirse a sus actuaciones bajo investigación, durante la sesión del Concejo Municipal. No obstante, explicó que no daría declaraciones por cuanto la pesquisa está en curso.
La tarde del pasado jueves, 31 de diciembre de 2019, el gobernador local publicó un video con su posición en las redes sociales del municipio.
“Mi participación durante este proceso con la Comisión de los Carnavales fue única y exclusivamente cumplir con el acuerdo tomado por el Concejo Municipal. Quiero decirles que fue con el único fin de colaborar con los festejos populares que se llevaron a cabo en febrero de 2018, que todos pudimos disfrutar con el Gran Combo (agrupación de Puerto Rico)”, aseveró el alcalde.
Cuestionamientos constantes
Rándall Chavarría es blanco de investigaciones desde hasta cuatro flancos distintos.
La causa que se tramita bajo el numeral 18-000909-0431-PE también derivó en diligencias en la Municipalidad de Puntarenas, el 3 de diciembre de 2018.
El caso se relaciona con una presunta irregularidad en el balneario San Lucas Beach Club. En apariencia, el jerarca decidió no revocar la concesión de ese espacio, a pesar de que varias entidades estatales determinaron que la empresa beneficiada no cumple con los requisitos para ello.
Por ese expediente, el gobernador local fue suspendido 12 de diciembre de 2018; pero dos meses más tarde, consiguió mediante una apelación que se le reinstalara en el puesto.
La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene en la etapa de admisibilidad una solicitud de cancelación de credenciales como alcalde, formulada por el Concejo Municipal de Puntarenas.
Ello debido a que se negó a ejecutar un acuerdo de ese órgano, sobre el nombramiento interino de su secretaria.
El asunto se tramita en el expediente 030-D1-SE-2019. Dicho órgano, no obstante, está imposibilitado para emitir resoluciones en el tanto que la Sala Constitucional tiene estudia una acción presentada contra el reglamento que constituye la Sección Especializada.
Asimismo, la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia confirmó a El Observador que contra Chavarría se siguen seis procesos en el Juzgado Laboral de Puntarenas.
El 15 de enero de 2019, el sitio de noticias AmeliaRueda.com dio a conocer que una de los casos es por acoso laboral, mientras que tres son por inconformidades con despidos. De las otras dos no trascendieron detalles.
Contra el gobernador local además se registre una denuncia por presunta presentación de un título de educación falso en la Procuraduría de la Ética Pública. Esta se tramita bajo el numeral DEP-214-2018.
Vía El Observador Cr
