Recolectar todas las pruebas por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) está siendo un desafío para la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes mantienen las pesquisas que comenzaron este sábado.
Los allanamientos arrancaron el viernes a primera hora en Casa Presidencial y se extendieron hasta la madrugada, con la recolección de computadoras y teléfonos de los involucrados, incluyendo los del mandatario Carlos Alvarado y al ministro de la presidencia, Víctor Morales.
Al mismo tiempo, se desarrollaron acciones en el Ministerio de Planificación (Mideplan) y cuatro casas de habitación, los cuales no han concluido.
Por la mañana de este sábado en las oficinas de Mideplan, localizadas en Barrio Dent, se registró movimiento de autoridades quienes deberán completar la acción judicial.
El Ministerio Público informó que no será hasta que finalicen todos los procesos que la Fiscal General, Emilia Navas, brindará declaraciones y detalles sobre los operativos.
Por tratarse de un caso en contra de altas figuras del Poder Ejecutivo es la propia Navas quien dirige las acciones.
Junto a ella han permanecido también los magistrados de la Sala III -especializada en materia penal-. La instrucción de la causa le correspondió al juez Álvaro Burgos, miembro de ese tribunal.
Epicentro de los cuestionamientos
El Mideplan tiene un rol fundamental en la creación de la UPAD por motivos técnicos y políticos.
Esta es la institución obligada por ley a autorizar la creación, modificación o eliminación de unidades en el sector público.
Con ese objetivo, en julio del 2019, el Ministerio de la Presidencia , entonces a cargo de Rodolfo Piza, presentó el proyecto para crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos e Inteligencia Artificial (Upadia), la cual fue rechazada por sus inconsistencias.
Eso no fue impedimento para que el Gobierno constituyera, vía decreto, la UPAD tres meses después.
En el documento de creación se incluyó una falsa autorización de Mideplan, lo cual no fue impedimento para que el viceministro de la cartera, Daniel Soto, firmara la propuesta.
Bajo la lupa
Las acciones de la Fiscalía llegaron tras la presentación de tres denuncias penales contra la creación de la UPAD y se esperaron a lo largo de toda la semana.
Al arrancar los allanamientos el ente informó que se investigan los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales.
En la causa se señala a:
- Firmantes del decreto: Carlos Alvarado, el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto.
- Asesores de datos: Diego Fernández, Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos.
- Otros: el asesor jurídico Luis Salazar -redactor del decreto junto a Fernández- y Felly Salas -jefa del despacho presidencial-
Vía – Elobservadorcr
