El alto nivel de endeudamiento del Gobierno con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y una deteriorada calificación de riesgo ponen en serios aprietos a las autoridades del Ministerio de Hacienda y encienden nuevas alertas sobre el estado de las finanzas públicas.
Con una comparecencia ante los diputados, en el inicio de una semana atribulada para el Ministerio de Hacienda, el lunes anterior, Rodrigo Chaves reveló pronósticos de endeudamiento para 2020 y 2021 superiores a los que estimó el Banco Central, al tiempo que anunció la rebaja de la nota crediticia al nivel altamente especulativo B2, por parte de Moody’s.
Ambas noticias convergieron a una preocupación común: financiar el déficit fiscal será cada vez más caro y – por la aplicación de la regla fiscal – el gasto del Gobierno sufrirá un fuerte freno que compromete la obra pública, principalmente la de infraestructura.
El escenario base son las cifras de cierre del 2019, con un déficit financiero del 7% -el más alto de cuatro décadas- y una relación de deuda respecto al PIB del 58,3%, en el límite del peor escenario que el país se puede permitir.
Para el economista José Luis Arce, director de la consultora FCS Capital, el resultado de 2019 es cuando menos “inquietante”, debido a las señales en envía sobre el proceso de implementación de la reforma fiscal.
«Confirma que la gradualidad del proceso de ajuste implementado mantendrá elevados los déficits y los requerimientos de financiamiento del gobierno central algunos años más, debido a la dinámica de deuda perversa, que se refleja en un alto y un creciente saldo de endeudamiento junto con mayores costos de financiamiento que conducen a un crecimiento importante en los pagos por concepto de intereses», dijo.
También señaló el aumento en el gasto, tanto de capital como del rubro de transferencias corrientes, que alimenta las dudas sobre la voluntad del Gobierno de reducir el crecimiento de las erogaciones.
Situación “insostenible”
Una percepción similar mantiene el economista Dennis Meléndez, quien opina que la situación actual de las finanzas públicas puede calificarse como “insostenible”.
“El déficit fiscal está en la cifra más alta de los últimos 40 años, eso agrava todo el panorama. Cuando se habla de 7% del PIB, a la gente no le dice mucho. Pero significa que casi un 40% de los gastos que hace el gobierno no se llenan con ingresos, por lo que tiene que endeudarse para poder sobrevivir”, explicó.
“El gobierno critica a las familias por su alto endeudamiento, pero no aplica lo mismo para él”, agregó.
¿Por qué el Gobierno obtuvo cifras al cierre del 2019 peores a las que estimó? Para el economista Gerardo Corrales, en el inicio del año pasado hubo impacto positivo en los ingresos tributarios que se debió a los ingresos de la Amnistía Tributaria y que tuvo un efecto mitigador; sin embargo, fue momentáneo.
“Fueron ingresos de una sola vez. Ahora hay necesidad de recurrir a altas cifras de deuda por vencimientos y por financiamiento del déficit”, detalló.
En la comparecencia de Chaves, de hace una semana, también se puso sobre la mesa la posibilidad de vender activos del Estado, algo que tanto el Gobierno de Luis Guillermo Solís como el de Carlos Alvarado descartaron desde la campaña.
La venta de Bicsa (banco con licencia en Panamá y Miami) por unos $300 millones y la concesión de la Fábrica Nacional de Licores servirían como tanques de oxígeno para la hacienda pública, pues permitiría pagar una parte de la deuda más cara.
Para los analistas, este paso solo es seguro si se evita una nueva espiral de endeudamiento.
“Vender activos es útil si -y solo si- es parte de un plan consistente de medidas acompañadas de reducción de gastos. De lo contrario, a la vuelta de uno o dos años, se «comerá» los ingresos que obtuvo por su venta. Es muy difícil que se pueda lograr algo en el corto plazo”, comentó el economista Meléndez.
Estos procesos, además, requieren de reformas legislativas que pueden tomar meses o años en su trámite y discusión.
Una de las dudas que surge respecto a la venta de activos o el uso de superávits de entes públicos, es cuán eficaces serán para contener el déficit o reducir el peso de la deuda.
“Se trata de medidas que irían en la dirección de reducir de manera más rápida y directa el saldo de la deuda pública; sin embargo, está por verse la magnitud de esas posibles fuentes de amortización de deuda y, sobre todo, la viabilidad política y de implementación institucional. Sobra decir que tendrían sentido siempre que el déficit primario se reduzca mediante las medidas de ajuste en gasto o ingresos, pues por si solas no resuelven el problema de la brecha entre ingresos y gastos gubernamentales”, concluyó el economista Arce.
Hacienda completaría esta semana los anuncios de renovación de su alta jerarquía, en la que hace falta nombrar un viceministro de Egresos, el oficial mayor y un director administrativo y financiero, entre otros puestos.
Vía – Elobservadorcr
