El sector manufacturero de plásticos desechables en Costa Rica, como bolsas y envases, se compone de 56 empresas, que representaron más de 4.700 empleos directos en el 2018. De este grupo, se estima que 43 utilizan plásticos amigables: reciclado, biodegradable o compostable.
Aunque alrededor de 31 empresas indicaron estar en capacidad para sustituir toda su producción por opciones amigables, la baja disposición de los consumidores a pagar el sobreprecio de bioplásticos se convierte en una limitación para reconvertir sus productos.
Así lo estableció un reciente estudio de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), sobre la industria plástica en el país.
Según los hallazgos, el 55% de las firmas consultadas indicó tener capacidad de sustituir su producción tradicional de plásticos por opciones amigables, sin embargo, indicaron como limitantes la falta de capacidad financiera de los clientes de pagar bioplásticos y que la funcionalidad no siempre es la misma que la de los tradicionales.
El 45% que indicó no poder sustituir totalmente su producción, indicó como principal limitante los altos costos.
El investigador de la Dirección de Inteligencia de Procomer, Roberto Coto, explicó que en el caso de los algunos materiales compostables cuestan desde 60% o hasta 5 veces más que las resinas tradicionales, lo que puede ser determinante en la decisión de utilizar otros productos.
Esto, según las empresas encuestadas, limita la posibiilidad de que clientes locales los compren, y que empresas micro y pequeñas desarrollen otros materiales.
Jaime Cerdas, presidente de la Asociación Costarricense de la Industria del Plástico (Aciplast), aseguró que el discurso ambiental en el área de los envases es un “discurso a medias”, puesto que la mayoría de los clientes de los materiales todavía ponen por delante el tema de costo, frente al tema ambiental.
“La orientación del mercado va a ir hacia la necesidad de empaques más amigables con el ambiente, pero el discurso no ha calado todavía en la toma de decisiones de las empresas que utilizan material de empaque que pudieran optar por otra opción”, indicó el empresario.
Localmente, existe una gran cantidad de clientes que no tienen la capacidad para pagar el sobreprecio del bioplástico, lo que desincentiva la reconversión en las empresas u obliga a buscar mercados con capacidad de pagar su sobrecosto.
Funcionalidad en juego
Entre los hallazgos del estudio de Procomer también se determinó que la funcionalidad de los empaques es otras de las condicionantes para que las empresas utilicen otro tipo de materiales.
“Las resinas desarrolladas hasta la fecha bioplásticas o compostables no necesariamente en todos los casos tienen las características correctas para un empaque, hay una barrera técnica”, explicó Cerdas.
El plástico reciclado tiene un mayor potencial para empaques secundarios, por ejemplo, sin embargo no para los primarios por temas regulatorios y de inocuidad. Asimismo, presenta un potencial ahorro en sus resinas entre el 8% y el 60%.
Una ventaja es que su validación es más rápida y menos costosa que las usuales, ya que al no ser empaque primario, no deben incurrir en pruebas tan críticas y costosas, se enfocan en funcionalidad.
Es decir, el mayor problema es con los alimentos y dispositivos médicos, sobre todo, que deben tener mayor inocuidad en sus productos, y que la industria no ofrece aún materiales que le igualen.
Economía circular
Para la industria de plástico y la de alimentos, la legislación costarricense debe moverse a incentivar la economía circular, y no a imponer más impuestos al sector y a los consumidores.
Así lo aseguró tanto Cerdas como Mario Montero, vicepresidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia).
“En los plásticos esenciales no podemos irnos a medidas extremas de prohibición”, dijo Montero, en alusión a un proyecto de ley de la diputada oficialista Paola Vega, que pretende sancionar con impuestos el uso de plásticos.
Así, quedaría gravado la importación, nacionalización, venta, uso y consumo del material. Aunque se intentó contactar con diputada Paola Vega para conocer su opinión, al cierre de esta nota no contestó a su teléfono.
“Los prohibición vía impuestos como tal no va a reducir la contaminación, hay que analizar porque la contaminación no se reduce y esto tiene que ver con la gestión de los desechos sólido, y eso está en manos de las municipalidades. Por otro lado, también de la educación de la población”, aseguró el vicepresidente de Cacia.
Para Montero, el país debe caminar hacia la economía circular. Este es un modelo en el que se pretende que se reduzca la producción de plástico a partir de materia virgen; y se recupere el material ya utilizado para incorporarlo nuevamente en el proceso de producción.
“Queremos un paquete de medidas que venga a estimular la economía circular, pero para eso se necesita hacer ciertos replanteamientos de ley, para estimular a un sector empresarial que vea a los residuos como un negocio”, dijo Montero.
Por su parte, Cerdas aseguró que más impuestos afectarían a los productores nacionales, puesto que productos como las galletas u otros alimentos importados no pagarían la carga.
“Falta todavía educar al mercado para que prefieran esas alternativas, y nuestra idea gremial es que amparados en una economía circular debemos de empezar a legislar en esa vía y dar incentivos”, concluyó Cerdas.
Este año fue aprobado un proyecto de ley del diputado socialcristiano Erwen Masís, que tiene regulaciones como:
- Prohibición de pajillas en todo el país
- Fin de compras de plásticos de un solo uso en todo en sector público
- Evitar entregar bolsas a consumidores finales salvo que sean biodegradables o tengan 50% de material reciclado
No obstante, la iniciativa podría ser insuficiente y se necesitan sanciones monetarias para incentivar la disminución del uso de plástico de un solo uso.
