El inicio de la temporada de incendios en la Amazonía brasileña comenzó con un nuevo récord de quemas en la mayor selva tropical del planeta, donde la devastación se ha intensificado desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro.
La Amazonía registró 2.308 focos de incendio en junio, lo que representa un incremento del 2,6 % respecto al mismo periodo de 2020 y el mayor número registrado para ese mes desde 2007, según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe).
Se trata del segundo junio consecutivo en el que se produce un récord de incendios en la selva brasileña.
Pese a la preocupante cifra registrada el pasado mes, las organizaciones ecologistas han advertido que los incendios pueden escalar todavía más en los próximos meses, especialmente en agosto y septiembre, cuando se intensifica la época de sequía en la región.
Para contener su avance, el Gobierno brasileño publicó esta semana un decreto que suspende por 120 días el uso de fuego en la región y determina el envío de las Fuerzas Armadas para combatir la deforestación y los incendios.
Es la tercera vez en los dos últimos años que los militares son autorizados a participar en operaciones de combate a crímenes como la tala ilegal y de combate a incendios forestales en la Amazonía desde que el líder ultraderechista asumió la Presidencia, en enero de 2019.
La última operación movilizó a 3.400 militares entre noviembre de 2020 y abril de 2021. No obstante, la medida es cuestionada por las organizaciones ecologistas, quienes aseguran que el plan «fracasó de forma incontestable» en los últimos años.
Ello porque los militares asumen parte de las actividades que eran ejercidas por los fiscales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), un órgano que, como otros del área, ha sufrido fuertes recortes presupuestarios y de personal desde el inicio del Gobierno.
«Infelizmente, ese récord en el mes de junio no es una sorpresa, considerando la continuidad de la política medioambiental y la insistencia en la utilización de una herramienta cara con el envío de las tropas militares, que se mostró ineficaz en los últimos dos años», denunció Greenpeace en un comunicado.
De acuerdo con la ONG, el propio decreto avisa de antemano donde serán realizadas las labores de fiscalización por parte de los militares, lo que facilita la actuación de los delincuentes que propagan la destrucción de la Amazonía.
Mientras el fuego aumenta en la selva, diversos proyectos que estimulan la deforestación y la invasión de tierras públicas, así como la explotación de las tierras indígenas, están siendo debatidos en el Congreso, según advirtió Greenpeace.
Dichas medidas son defendidas vehementemente por Bolsonaro, quien en los últimos años ha flexibilizado la fiscalización de actividades que atacan directamente al medioambiente, como la minería y el comercio de madera, en su mayoría practicado de forma ilegal en esa región.
Sus políticas fueron impulsadas principalmente por su entonces ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles, quien se vio obligado a renunciar el pasado 23 de junio acosado por sospechas de vínculos con madereros ilegales.
Pese a la apertura de la investigación en su contra, el presidente brasileño insistió en defenderlo y consideró a Salles como «uno de los mejores» y más fieles ministros de su gabinete.
Tras su renuncia, Bolsonaro designó como titular de la cartera al productor rural Joaquim Alvaro Pereira Leite, quien fue consejero durante más de dos décadas de la Sociedad Rural Brasileña (SRB), una de las organizaciones que representa el sector agropecuario en el país.
Los ecologistas han recalcado que el sucesor de Salles seguirá las órdenes de Bolsonaro y «continuará implementando la política de destrucción ambiental», pese a la cada vez mayor presión del mercado y de los países extranjeros, principalmente la Unión Europea.
Fuente: EFE
