El Plenario de la Asamblea Legislativa deberá conocer 18 mociones de reiteración presentadas al proyecto de ley 21.177, que pretende establecer límite máximo a las comisiones por transacciones a través de datáfonos. Esto antes de someterlo a votaciones finales.
Las propuestas fueron planteadas principalmente por el socialcristiano Pedro Muñoz y el frenteamplista José María Villalta.
Este tipo de mociones son la última opción que tienen los diputados para intentar modificar una iniciativa de ley, luego de haber perdido la batalla en una primera fase a través de las comisiones legislativas.
De acuerdo con Muñoz, sus ocho mociones buscan aclarar problemas técnicos.
«No voy a atrasar el conocimiento del proyecto por el fondo. Voy a dejar que distintas fracciones voten a brevedad. No tiene sentido de obstaculizar», señaló.
«Si no fueran aprobadas dormiré con la conciencia tranquila de que hice propuestas tanto en comisión como en Plenario. Todas son igual de importantes y la mayoría busca tomar en cuenta criterio del servicios técnicos», agregó el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Las mociones de Muñoz buscan realizar cambios de forma, mientras las de Villalta pretenden introducir modificaciones, entre ellas darle la potestad al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Comex) a realizar la primera fijación de comisiones máximas.
Hasta el momento, esa tarea está designada al Banco Central.
Algunos puntos del proyecto
El proyecto denominado «Ley para Determinar las Comisiones de Intercambio y Adquirencia por las Transacciones de Compra con Tarjetas de Crédito y Débito» plantea que el Central fije las comisiones cada 12 meses, con base en estudios de mercado.
Además se obligará a las entidades financieras a brindar la información necesaria al Banco Central. De incumplir la legislación, las instituciones se exponen a un régimen sancionatorio que fue catalogado por el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso como desproporcional.
La multa menor sería de 1 a 10 salarios base, es decir, entre ¢450.000 y ¢4,5 millones, mientras la más alta hasta por ¢45 millones. Todas ellas se aplicarán por el incumplimiento del envío de información a la Autoridad Monetaria.
En el caso de incumplir con el tope de comisiones máximas, la entidad bancaria deberá desembolsar hasta ¢90 millones.
Vía – ElObservadorcr
