Este lunes 47 legisladores aprobaron de forma unánime y en segundo debate la sexta modificación presupuestaria que incluye la inyección de ¢17.896 millones para que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) continúe con su proceso de modernización que incluye el despido de entre 700 a 800 empleados.
Se trata de una partida que iba a ser utilizada por el Ministerio de Hacienda para pagar deuda. Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cartera rectora de Japdeva, se trasladan ¢16.236 millones con el objetivo de dotar de recursos a la Junta para su modernización y pago de prestaciones a sus trabajadores.
En específico los fondos se utilizarán para el pago de cesantías, preaviso, aguinaldo, vacaciones y bonos de transformación (salarios adicionales que recibirán los colaboradores de Japdeva que se acojan a su movilización y salida de la institución).
Al Título Regímenes de Pensiones se incorporarán ¢1.660 millones, que serán utilizados para la creación de un Régimen de Prejubilación como medida de protección a las personas exservidoras de Japdeva.
Hay que recordar que este proyecto de ley se encuentra en consulta facultativa en la Sala IV, luego que más de 10 diputados cuestionan una moción aprobada en plenario que obliga a las autoridades de Japdeva a despedir funcionarios.
La consulta se concentrará específicamente en el Transitorio II, que textualmente dice: «A partir de la publicación de la presente ley, las personas trabajadoras tendrán un término de un mes para escoger y solicitar formalmente una de las modalidades señaladas en los artículos 3, 4 u 8 de su texto. Vencido este plazo, Japdeva quedará obligada a iniciar la ejecución del cese del personal necesario para llegar al punto de equilibrio financiero. Dicho personal no será sujeto del incentivo contemplado en el Artículo 4 inciso b) de la presente ley».
La ley aprobada establece las siguientes opciones para los actuales trabajadores de Japdeva: el traslado horizontal a otras instituciones, siempre que cumplan los requisitos que estas indiquen.
Recibir un incentivo de 8 mensualidades del salario promedio de los últimos 6 meses (si gana menos de ¢1 millón) y de 4 mensualidades si gana más de ¢1 millón si decide renunciar.
Acogerse a la prejubilación, que se otorga a funcionarios mayores de 55 años con 25 años cotizando para la CCSS. En esa condición estarían 276 funcionarios.
Si en ese plazo los trabajadores no deciden qué opción acoger, se ordena a la administración despedirlos para lograr el equilibrio financiero.
