Los diputados aprobaron este jueves en primer debate el expediente 21.146, una iniciativa que viene a modernizar las obsoletas sanciones que establece la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos que mantiene montos ridículos de ¢200, dado que la ley tenía 58 años sin actualizarse.
Las nuevas sanciones se establecen entre 1 y 5 salarios base de un médico general, según la gravedad del caso (mala praxis, faltas éticas y administrativas).
El salario base lo establece hoy este colegio y se ubica en ¢901.358.
También se actualizaron las suspensiones por los mismos motivos, estas serán de 8 días hasta los 6 años.
El proyecto contó con el voto a favor de 38 diputados, mientras que 5 lo votaron en contra.
“La reforma faculta al Colegio de Médicos a verificar la idoneidad para el ejercicio de la profesión de los egresados de las universidades y para dar cumplimiento a esta finalidad, el colegio podrá emitir la normativa y realizar las pruebas que consideren pertinentes entre los que podrían estar los exámenes de incorporación. No dudo que todo esto vendrá en una mejor calidad de servicio profesional y ético del cuerpo médico nacional”, señaló el liberacionista Luis Antonio Aiza, uno de los proponentes de la reforma.
El frenteamplista José María Villalta propuso una moción para no dejar tan abierto el tema de las sanciones, alegando que era necesario establecer que el castigo se dicte cuando la acción ponga en riesgo la vida de las personas, sin embargo, no fue aprobada.
“La Junta de Gobierno podrá acordar, previo informe de recomendación de la Fiscalía del Colegio, la apertura de un procedimiento disciplinario contra cualquiera de sus miembros o autorizados, en cuyo caso lo remitirá al Tribunal de Ética Médica”, indica el texto aprobado.
El Tribunal de Ética Médica determinará en cada caso cuál de las correcciones debe imponerse y en cada uno se dejará constancia en el expediente del colegiado o autorizado.
En caso de suspensión del ejercicio profesional, una vez firme la sanción, esta deberá publicarse en el diario oficial La Gaceta.
La acción disciplinaria del Colegio contra sus agremiados y autorizados prescribe en cuatro años desde el momento en que se produjo la supuesta falta.
Se intentó tener una reacción de las autoridades del colegio, pero indicaron que no se iban a referir.
