En primer debate para plataformas digitales como Airbnb
De forma unánime los diputados aprobaron este jueves el expediente 20.865 que busca poner en regla el llamado hospedaje no tradicional que se brinda por medio de plataformas digitales como por ejemplo Airbnb.
El proyecto alcanza el alquiler de viviendas, apartamentos, villas, chalés, bungalós entre otros y busca garantizar a los usuarios seguridad y protección a la hora de adquirir el servicio.
En un principio los diputados pensaban establecer una contribución especial (que funcionaba como una patente comercial) en la municipalidad correspondiente, que debería ser pagada mensualmente para ejercer la actividad lucrativa.
Pero el diputado socialcristiano Pablo Abarca, explicó a DIARIO EXTRA, que imponer este cobro sería inconstitucional.
“Ese cobro o impuesto no se puede establecer de esta forma, sino que cada concejo municipal debería enviar un proyecto a la Asamblea con la metodología por un tema autonomía municipal”, explicó.
Este canon que se pensaba cobrar a los prestatarios de este tipo de servicio iba de forma escalonada. Por ejemplo, si son dos huéspedes, deberá pagar el 10% del salario base de referencia que hoy se fija en ¢442.200. Es decir, el pago de la contribución especial anual para poder funcionar sería en este caso de ¢44.620.
Para los que ofrecen hasta 5 huéspedes el porcentaje a pagar es del 30% del salario base, es decir ¢133.860 por año.
Y para los que disponen de 6 huéspedes o más, el pago anual a la municipalidad será de ¢356.960. Pero esto se terminó sacando del proyecto.
SOLO IVA
Lo que sí pagarán los que ofrezcan este tipo de hospedaje no tradicional será el 13% del IVA que deberán aplicarlo a la tarifa que paguen los usuarios y retribuirlo a Hacienda.
Por eso el proyecto los obliga a inscribirse en la Dirección General de Tributación.
Además, deberán tramitar la patente ante la municipalidad respectiva.
“El impuesto establecido en el inciso b del artículo 8 de esta ley deberá pagarse a partir del término de seis meses contados desde la vigencia de esta ley”, indica el proyecto.
INSCRIPCIÓN
Otra de las responsabilidades de los prestatarios será inscribirse ante un registro que debe establecer el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
“El Instituto Costarricense de Turismo, deberá consultar la oferta de las diferentes empresas comercializadoras o intermediarias, con el objetivo de identificar y registrar, previo estudio de veracidad de la información, a los prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional, que no hayan sido registrados”, indica el texto del proyecto.
“Será responsabilidad del Instituto Costarricense de Turismo, remitir periódicamente este registro a la Dirección General de Tributación, para proceder con el control, investigación e inscripciones necesarias de la actividad comercial”, agrega.
Los inmuebles utilizados para brindar el servicio de hospedaje no tradicional, deberán inscribirse en el registro de prestatarios del servicio, a más tardar un año contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Se establece un plazo de 6 meses una vez entre en vigencia la ley para la creación de este registro.
LEY 7.600
El proyecto establece un transitorio de 2 años para que los prestatarios de estos servicios se pongan en regla con el cumplimiento de la Ley 7.600 para personas con discapacidad.
COMPETENCIA DESLEAL
La Cámara de Hoteles y los empresarios de este sector han insistido en la regulación ante lo que consideran una competencia desleal.
Los hoteleros pagan el 13% de impuesto de ventas (hoy IVA), un 10% de servicios, del 30% de renta, tarifas de agua, luz, seguros, seguridad social, entre otros cargos.
La industria hotelera del país representa cerca de 50 mil habitaciones, mientras que lo que representa el hospedaje no tradicional se contabilizan cerca de 13 mil unidades que se alquilan para vacaciones, lo que representa entre el 20% y 25% del total del inventario de hospedaje del país.
Solo en el mes de diciembre del 2018 esta industria de hospedaje informal facturó poco más de ¢15 mil millones, lo que hubiera generado ¢1.990 millones solo en el impuesto de ventas, hoy IVA.
El segundo debate está previsto para el 5 de setiembre.
Vía – el mundocr
