Haber ocupado la Presidencia de la República garantiza – de por vida – una pensión equivalente al salario de los diputados. La medida fue introducida a principios del siglo pasado y ratificada por la Ley 7302 en 1992.
Además si el expresidente fallece el beneficio es trasferible a su pareja o descendientes.
La Dirección General de Pensiones confirmó que actualmente hay siete exmandatarios, dos primeras damas y una hija de expresidente gozando del beneficio.
Para las finanzas públicas, la medida implica un desembolso mensual mayor a los ¢37 millones. Estas son las personas que reciben el beneficio.
Sencillamente irrenunciable
Así como hay mandatarios que han salido de Zapote en la edad de retiro, otros han finalizado en mandato sin cumplir 50 años.
Tal fue el caso de Rafael Ángel Calderón, quien dejó el poder con 45 años; José María Figueres, 43 años; y será el de Carlos Alvarado, que abandonará la Casa Presidencial a los 42 años.
En conferencia de prensa el miércoles pasado Alvarado prometió renunciar a su jubilación al día siguiente de dejar el cargo, anuncio que despertó cuestionamientos sobre su validez entre políticos y expertos.
Sandra Piszk, Ministra de Trabajo durante la administración de Laura Chinchilla (2010-14), fustigó el anuncio, al defender la normativa que impide a los trabajadores renunciar a sus derechos.
«Habrá pensado el Presidente que sucedería si en aras de situaciones específicas u ofrecimientos populistas, estos derechos se vuelven «opcionales»? Habrá pensado en el retroceso que ello podría significar en materia laboral? o en materia de protección a la vejez? Ciertamente el anuncio de renunciar a su pensión es muy popular…..pero inaplicable (sic)», publicó la también exdiputada.
La postura fue sustentada desde el punto de vista técnico por el abogado Eric Briones, experto en legislación laboral. Consultado por este medio, el jurista explicó que la renuncia simplemente no es reconocida por el ordenamiento jurídico costarricense.
«Según la Constitución Política los derechos laborales y lo que tiene que ver con seguridad social, osea estamos hablando de pensiones, son irrenunciables», mencionó.
De acuerdo a su explicación, los artículos 73 y 74 de la Constitución Política impiden desde 1949, ejecutar acciones como la pretendida por el mandatario Alvarado.
La Sala Constitucional reafirmó la regulación en 1990 y el 2006.
Tratándose de un régimen de pensiones excepcionales un presidente sí estaría en capacidad de congelar el disfrute del pago por medio de una simple carta en la que se pida su suspensión.
Sin embargo el especialista Briones advierte con respecto a la irrenunciabilidad, que quien haga eso puede exigir en cualquier momento que le comiencen a depositar la pensión a la que la ley le dio derecho.
Llegó la hora en la Asamblea
La posibilidad de recortar o eliminar del todo las pensiones a quienes hayan ocupado la jefatura del Estado lleva años rondando la Asamblea Legislativa. Esta semana, la promesa del Presidente Alvarado de renunciar a la remuneración no fue bien recibida en el Congreso.
«Innecesaria», «mera pose» y «populista» fueron parte de los adjetivos usados por diversas bancadas.
«Hay una amplia mayoría de diputados que estamos dispuestos a eliminar este tipo de privilegios», comentó la legisladora liberacionista Yorleny León.
Desde su óptica, «es un régimen de pensiones incorporado al presupuesto nacional y que por tanto pagan todos los costarricenses aún y cuando los expresidentes no hayan cotizado».
León ironizó con que el anuncio llega cuando ya hay dos proyectos de ley que estarían acabando con el beneficio. Estos son:
- Proyecto 21.345 «Ley de Reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones»: fue introducido por el diputado oficialista y ministro de la Presidencia, Víctor Morales. Ya está listo para ser visto en Plenario y en su texto plantea la derogación de las pensiones de expresidentes y de otros beneficiarios con cargo al presupuesto nacional.
- Proyecto 21.664 «Ley para eliminar las pensiones de expresidentes de la República»: introducido a finales del año anterior se concentra en la erradicación del beneficio para los exmandatarios. Es iniciativa del congresista socialcristiano Rodolfo Peña.
Peña también criticó la propuesta de Alvarado, a quien llamó a predicar con el ejemplo para erradicar las pensiones de lujo.
«Si el está convencido de que esto le viene a ayudar al presupuesto nacional debe de ser solidario con el resto de los costarricenses y convocar en las sesiones extraordinarias el proyecto que yo presenté», comentó Peña, indicando que de esa manera se daría también un mensaje moral.
«Me parece una idea populista de su parte que demuestra que el nivel de aceptación del Presidente está por los suelos por lo que debe tomar medidas desesperadas; esta no creo que le sirva”, catalogó por su parte el independiente Jonathan Prendas.
