La tarde del 4 de diciembre de 2018 se publicó el alcance número 202 del diario oficial La Gaceta. A partir de ese momento comenzó a regir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, también conocida como “la reforma fiscal”.
Con su entrada en vigor, se puso fin a meses de zozobra e incertidumbre sobre el futuro de las finanzas públicas y a una historia -que se repitió por años- de intentos fallidos por remozar la estructura tributaria del país.
Esa, la Ley 9635, fue firmada la noche del 3 de diciembre por el Presidente Carlos Alvarado. Así lo dejó plasmado el mandatario en un tuit que liberó su cuenta oficial aquel martes a las 7:56 p.m.
En este momento firmo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Agradezco a quienes han apoyado al Gobierno de la República en este esfuerzo, en especial a las diputadas y los diputados que lograron consensuar una mayoría para hacerlo realidad.
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) December 4, 2018
El documento todavía estaba caliente cuando recibió la firma de Alvarado. El envío desde Cuesta de Moras hasta Casa Presidencial fue expedito.
Tan solo unas horas antes, a las 3:10 p.m., se había dado lectura de la decisión de los magistrados de la Sala Constitucional que dio luz verde a la reforma.
La discusión final y la votación concluyó pasadas las 5:45 pm. Los diputados se decidieron en proporción 2 a 1: un total de 34 votos a favor y 17 en contra. La reforma estaba aprobada. Hubo júbilo en Zapote.
Implementación inconclusa
Transcurridos 365 días, las dudas persisten entre los contribuyentes -por ejemplo, con el tratamiento fiscal de las ganancias por diferencial cambiario- y aún no se define la tarifa de los servicios electrónicos que pagarán el IVA.
Las quejas a la redacción de los reglamentos, ambigua para muchos, sigue siendo la principal crítica en la actualidad.
Hoy los cambios previstos respecto a las remuneraciones de los funcionarios públicos cumplen 12 meses, pero todavía se carece de una Ley de Empleo Público.
El cumplimiento de la regla fiscal aún no ha sido medido y apenas han transcurrido cinco meses desde la aplicación del IVA y la reforma a renta.
Hoy, a un año de la entrada en vigor de la reforma, tampoco están las dos caras más visibles de todo el proceso de negociación; entre setiembre y octubre -con solo semanas de diferencia- renunciaron Rocío Aguilar y Nogui Acosta a sus puestos de ministra y viceministro.
Alivio en las arcas
A esta fecha, la reforma fiscal contemplada en la Ley 9635 ha cosechado réditos. Así lo destaca el Banco Central en su undécimo comentario sobre la Economía Nacional, publicado la semana pasada.
Según el análisis de la Autoridad Monetaria, el déficit primario del Gobierno Central (que excluye el gasto por intereses, y es un buen indicador de la dirección de la política fiscal), mostró a octubre de 2019 una reducción a 1,9% del PIB, comparado con 2,1% en igual periodo de 2018.
Eso demostraría el sostenido aumento en la recaudación tributaria, sobre todo de los impuestos a los ingresos y utilidades y ventas internas.
Además, como muestra de la mayor confianza de los ahorrantes en la sostenibilidad de las finanzas públicas, las tasas de interés del Gobierno Central han caído sistemáticamente a partir de abril de este año, entre 250 y 350 puntos base para todos los plazos, tanto en moneda nacional como extranjera.
Sin embargo, la reforma no solucionó todos los problemas. Con motivo del crecimiento en el gasto por intereses, el déficit financiero del Gobierno Central aumentó a 5,5% del PIB, mayor al 5,1% de igual periodo del año pasado, y llegó en octubre a su mayor nivel en 30 años.
Además, el saldo de la deuda del sector público y del Gobierno Central alcanzó a representar en octubre de 2019 un 71,5% y 56,5% del PIB, respectivamente, mayor si se compara con el 70,3% y el 53,4% de octubre de 2018.
Uno de los puntos más polémicos del inicio de la reforma fiscal fue una Amnistía Tributaria, que inició en diciembre anterior y concluyó en marzo, la cual generó un total de ¢232.193 millones al Ministerio de Hacienda, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
