La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha presentado este martes en Ginebra su informe sobre la situación de estas garantías fundamentales en Nicaragua.
El informe describe un panorama de intensa represión del Gobierno a la oposición, así como una impunidad generalizada por las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones que comenzaron desde abril en 2018.
“Sin embargo, desde que se reanudó el diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a finales de febrero de 2019, el número de violaciones contra la vida y la integridad personal ha disminuido, prueba de que la concertación es un camino posible y una vía pacífica para superar la crisis”, destacó Michelle Bachelet.
Ahora bien, para Bachelet resulta preocupante que, en el momento de finalizar el informe, su Oficina haya recibido información corroborada sobre homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega y en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, entre junio y julio de 2019.
En al menos tres casos, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018.
ONU/Jean Marc FerréMichelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos,
Reducción del espacio cívico
Y aunque las denuncias de actos de tortura y malos tratos han sido esporádicas desde que la casi totalidad de las personas detenidas en el contexto de las protestas fueron liberadas por el Gobierno,el pasado 11 de junio, , la Alta Comisionada destacó “que el espacio cívico en Nicaragua se ha visto reducido de manera significativa hasta el día de hoy”.
La libertad de expresión ha sido restringida mediante acciones que van desde el cierre de medios de comunicación independientes y la retención de sus bienes y equipos, hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales, durante meses.
Asimismo, se han registrado arrestos arbitrarios por el simple hecho de ondear una bandera nicaragüense o de cantar el himno nacional en espacios públicos.
También se ha impedido el ejercicio del derecho de reunión pacífica. Desde septiembre de 2018, la Policía ha empezado a exigir permisos para realizar concentraciones públicas y ha denegado la autorización a personas y organizaciones que pretendían manifestar públicamente su desacuerdo con la postura del Gobierno.
Aquellos que intentaron llevar a cabo protestas pacíficas, a pesar de la prohibición, fueron arrestados y en la mayoría de los casos, liberados dentro de las 48 horas posteriores a su arresto.
Acceso de la Oficina de Derechos Humanos
Bachelet indicó que su Oficina mantiene una permanente comunicación con el Gobierno de Nicaragua.
“Espero que esta relación se fortalezca y que pronto se pueda concretar un plan de trabajo consensuado que contemple el acceso de la Oficina y de los diferentes mecanismos del Consejo al país, bajo condiciones y garantías adecuadas”, afirmó.
También recordó que Nicaragua consiguió importantes logros de desarrollo en los años anteriores a la crisis. Pero destacó que la crisis sociopolítica ha repercutido negativamente en los indicadores de desarrollo y en el disfrute de los derechos económicos y sociales.
Según el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, entre marzo de 2018 y febrero de 2019, se perdieron más de 140.000 empleos formales, lo que representa el 15,7 por ciento del total. En abril 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que los precios de los bienes de consumo básicos habían aumentado un 2 por ciento en promedio, mientras que el precio de los servicios públicos de agua y electricidad, un 8,9 por ciento y un 3,7 por ciento, respectivamente.
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