El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) defendió el traslado de fondos establecidos para la cesantía de trabajadores afiliados a la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio), recursos que finalmente se usaron para otro fin en préstamos de esta organización.
En conferencia de prensa esta mañana, Jeannette Ruiz, presidenta de la junta directiva del Banco, informó que el traslado realizado en 2011, se hizo de forma legal con la asesoría del abogado Ernesto Jinesta.
Para ello, se fundamentaron en el artículo 2 de la Ley 7849 de 1998, así como una reforma constitucional efectuada en 2011 que da el rango de Ley al solidarismo.
«Eran recursos públicos cuando estaban en el Banco. Cuando se trasladan (a Asebanacio) son privados. El Banco no tiene injerencia en Asebanacio ni en criterios con los que otorga créditos», señaló.
Desde julio del año pasado, el diputado José María Villalta denunció un «desvío ilegal» de ¢35.000 millones a la Asociación. Los dineros provenían de la reserva provisional del Banco para el pago de cesantía, pero desde 1992 la Procuraduría General de la República (PGR) advirtió que son fondos públicos y no hay un marco legal para el traslado.
Hoy Gustavo Vargas, gerente General del BNCR, explicó que cuando un trabajador se suscribe a una asociación o cooperativa, la entidad financiera hace el traslado de recursos correspondientes a cesantía. Pero cuando no forma parte de ninguna de estas figuras, el Banco es el responsable del pago de cesantía.
No asumen pérdidas
Con base en criterios de la Procuraduría y la Contraloría General de la República (CGR), los jerarcas de la entidad defendieron que no son responsables de asumir las pérdidas económicas de Asebanacio.
«El Banco Nacional lamenta, pero no tiene responsabilidad sobre ellas ni de reponer nada que pierda Asebanacio», sostuvo Vargas.
En su presentación, según el oficio 10654 de la CGR, el ente señaló que es responsabilidad de la asociación solidarista el manejo de esos fondos.
Las pérdidas denunciadas por Asebanacio ascienden a ¢15.000 millones y presuntamente se debieron al otorgamiento de créditos a terceros, los cuales se volvieron incobrables.
Según denunció el diputado Villalta del Frente Amplio en julio de 2019, Asebanacio se convirtió en un banco paralelo orquestado por altos jerarcas de la entidad, los cuales tenían prohibido formar parte de la junta directiva de la Asociación Solidarista, según se establece en la Ley de Asociaciones Solidaristas.
«Desde octubre del 2017 la actual junta directiva de esta asociación solidarista interpuso las denuncias ante la Fiscalía de Fraudes, por eventuales malos manejos de dineros, administración fraudulenta y tráfico de influencias, que le provocaron pérdidas cercanas a los ¢15.000 millones”, indicó Asebanacio vía correo electrónico el lunes anterior.
Dentro de los beneficiados por estos créditos incobrables, está el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, quien habría recibido ¢2.000 millones con una carta de crédito otorgada por el mismo Banco.
Al respecto, Vargas señaló que se estaría ante un caso de violación del secreto bancario ya que es prohibido utilizar información de clientes del Banco.
