La Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) advirtió públicamente este jueves que la continuidad del servicio de hasta 200 rutas de bus se encuentra en riesgo.
Así lo determinó con el respaldo de un informe del Consejo de Transporte Público (CTP) sobre las rutas abandonadas. El cual identificó un total de 95 líneas que han sido devueltas al Consejo y cuyo servicio seguirá suspendido hasta que no se designe un nuevo operador.
“Tenemos un total de 95 rutas, donde los empresarios lamentablemente no han podido continuar brindando el servicio. Muchas de ellas arrastran el peso de dos años de pandemia que redujeron y contrajeron al sector. Quienes tuvieron que seguir haciendo frente a muchas responsabilidades a pesar de reducir significativamente sus ingresos”, afirmó Silvia Bolaños, vicepresidenta Ejecutiva de Canatrans.
¿Por qué se suspenden las rutas?
Según Canatrans, cuya respuesta se basa en los hallazgos del informe del CTP antes mencionado. Las principales razones incluyen la rentabilidad, los problemas financieros y la afectación de la pandemia.
Estos tres elementos resumen la crisis que atraviesa el modelo de concesión de buses en Costa Rica actualmente y que supone una “fórmula ruinosa”. Para los empresarios que fungen como operadores del servicio. Quienes deben asumir los altos costos de esta operación que además es cada vez menos accesible para los usuarios.
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“La pandemia golpeó fuertemente al sector, las medidas tomadas por el gobierno de turno iban dirigidas a la no movilización. Bajo el lema de ‘quédese en casa’ y con ello hubo una reducción enorme de las personas usuarias del servicio, lo cual contrajo la economía del país y del sector. Los autobuseros no son la excepción y el estado debe dar las condiciones para que el servicio público de transporte se siga brindando. Lamentablemente, esta decisión está afectando a zonas rurales que ante la decisión deben buscar formas alternas de transporte ilegal”, afirmó Bolaños.
Canatrans respalda aprobación del proyecto de ley 22530
Tomando en cuenta que solo en 2021 hubo una disminución de hasta 230 millones de usuarios y que los gastos para mantener el servicio siguieron siendo los mismos. Canatrans asegura que muchos empresarios han tenido que entregar su patrimonio para evitar el cierre de las rutas afectadas.
«Actualmente, la cantidad de usuarios sigue disminuida. Ya que cerca de una cuarta parte de los usuarios que se reportaban antes de pandemia, sigue sin usar el servicio. A estas rutas sin servicio, se podrían unir muchas más de no aprobarse el proyecto de ley 22530, que pretende extender la antigüedad de las unidades de autobús por 5 años. Que como condición necesaria deben estar en óptimas condiciones y contar con las revisiones técnicas al día”, expresó Bolaños.
Para la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, la aprobación del proyecto de ley 22530 se presenta como una “opción de rescate muy importante” para el sector autobusero.
Bolaños hace un especial énfasis en el punto que propone modificar el proyecto en cuanto a los buses con más de 15 años de antigüedad.
Así las cosas, asegura que las inversiones que supondría la compra de unidades nuevas influiría en el costo de la tarifa. Y que con la aprobación de este proyecto, se podría evitar ese efecto mientras la economía se recupera de la pandemia.
También, agrega que los buses que llevan más de 15 años de operación “no son más contaminantes. Ya que todos deben contar con la revisión técnica que garantiza emisiones mínimas”.
Por último, defiende que no existe ningún criterio técnico que respalde la determinación de 15 años como la antigüedad máxima. Puesto que su vida útil no depende de la cantidad de años, sino de la calidad del mantenimiento que reciban.
“El 80% de los beneficiarios de este proyecto de ley son empresarios pequeños y medianos en general”, concluyó.
Vecinos de Zapatón de Puriscal: el vivo ejemplo de la afectación
Los vecinos que utilizaban la ruta de Zapatón de Puriscal son una de las tantas comunidades afectadas por esta situación.
Esta localidad lleva más de un año sin contar con este servicio público y los vecinos aseguran que deben desembolsar hasta ₡40.000 por cada viaje que deben tomar para realizar sus gestiones, acceder a los servicios de salud o trasladarse a los centros de estudio.
Con información de Teletica
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