La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó este jueves, avalar la propuesta de norma técnica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código Penal, relacionado con el aborto terapéutico, informó esta tarde el presidente de la entidad, Román Macaya.
Según el jerarca, adicionalmente se acordó recomendar al Ministerio de Salud que se valoren algunas observaciones de forma realizadas por el equipo técnico y legal de la CCSS.
El gerente Médico de la CCSS, Mario Felipe Ruiz Cubillo, explicó que se sugirió al ente rector que se especifique con claridad que la norma es de aplicación tanto en los establecimientos de salud públicos como privados. La norma materializa el contenido de un lineamiento penal que es de acatamiento obligatorio para toda la población.
La Caja también solicitó que se revise la definición de la objeción de conciencia, a efectos de que se entienda como un derecho fundamental que se deriva de la libertad de conciencia y pensamiento dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política.
El Gerente dijo que los análisis efectuados por la Dirección Jurídica, la asesoría jurídica de la Gerencia Médica y médicos del Programa de Normalización de la atención a la Mujer de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud de la Caja, indicaron que la norma se apega a lo contenido en el artículo 121 del Código Penal.
Un tercer acuerdo de la Junta Directiva establece que, en un plazo de cinco meses posterior a la vigencia de la norma, deberá estar listo el protocolo de atención clínica, el cual será elaborado por un equipo médico ya definido por la Gerencia Médica.
Este protocolo de atención será conocido por la Junta Directiva antes del plazo señalado por el Ministerio de Salud para la aplicación de la norma en los centros médicos de la CCSS.
Firma de la norma
El Ministerio de Salud presentó la norma al público el pasado martes, pero aún no se conoce la fecha en la que sería firmada por el presidente Carlos Alvarado. Se estima que sería la próxima semana.
La Caja tenía hasta este viernes para analizar el documento, luego de que se hiciera una consulta no vinculante a la institución.
Luego la norma sería firmada, tal y como afirmó el ministro de Salud, Daniel Salas.
No abre portillo
El aborto impune – también llamado terapéutico – está incorporado en el Código Penal costarricense vigente desde 1971, a través del artículo 121. Establece la posibilidad de interrumpir un embarazo, cuando continuarlo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer.
Sin embargo el país carece de una norma técnica, que determine ciertos lineamientos y protocolos para aplicarlo, tanto para los profesionales en salud, como para que las mujeres puedan tomar la decisión y saber cómo se procederá.
Sobre la creencia de que la norma daría pie para la legalización del aborto libre en el país, el jerarca de Salud enfatizó en que la regulación del aborto terapéutico no abre portillos para dicha práctica en Costa Rica.
El procedimiento médico se realiza por profesionales de salud y con el objetivo de salvaguardar la vida o salud de la madre, en casos en que las condiciones médicas de la mujer lo requieran.
