La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) considera que es fundamental que se apruebe de manera definitiva el proyecto de ley 21.049, “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”.
La CICR calificó el proyecto como una acción urgente y necesaria que debe aprobarse lo más pronto posible para devolverle seguridad jurídica a la inversión nacional y extranjera, y a la sociedad costarricense.
Enrique Egloff, presidente de la CICR señaló que «aprobar el proyecto de ley 21.049 sería un excelente paso de nuestros Congresistas para llenar el vacío legal y la libre interpretación en situaciones de huelga, por parte de jueces de la República».
«A Costa Rica hay que liberarla de la amenaza constante y el secuestro de los huelguistas que impiden a los niños y jóvenes educarse y alimentarse en los comedores escolares, a nuestro pueblo tratar y curar su salud, a nuestros ciudadanos hacer sus trámites, abastecerse de combustible, y a nuestras empresas producir más y generar empleo», agregó.
«Se contabilizaban miles de citas perdidas y hasta se habla de una persona fallecida por la huelga de la CCSS. Esto es inaudito, inadmisible, inconcebible e inhumano. Tampoco podemos permitir que los huelguistas secuestren el país cada vez que quieran y le nieguen a los costarricenses el libre tránsito y hasta el abastecimiento de combustibles», agregó Egloff.
La CICR explicó que el país cuenta con un nefasto precedente: la costosa, irresponsable y antipatriótica huelga de 2018. Dicha huelga evidenció el limbo jurídico y los portillos de la Reforma Procesal Laboral para la interpretación en situaciones de huelgas que causan gran perjuicio y pérdidas para los costarricenses y al sector productivo.
«La huelga que tanto daño le hizo al país en 2018 y que nos costó casi 140 mil millones de colones, demostró que el marco legal actual tiene a Costa Rica indefensa ante los caprichos huelguísticos de las cabezas sindicales. Sin seguridad jurídica, no hay confianza para la inversión; sin inversión no hay generación de empleo; sin generación de empleo hay desempleo y pobreza», añadió Egloff.
Los cinco puntos más positivos del Proyecto de Ley
La Cámara de Industrias de Costa Rica señaló cinco puntos positivos del Proyecto de Ley y que apoya vehementemente:
1. El rebajo de los salarios de los huelguistas ilegales desde el día que se solicita la declaratoria de ilegalidad por parte del patrono. Es inaudito que a quienes participan de una huelga ilegal, no se les rebaje el salario.
2. Se elimina la necesidad de notificar directamente al secretario general o representante del movimiento de huelga. Bastará con notificar al correo electrónico de la agrupación, que debe estar inscrito ante el Ministerio de Trabajo. Es inaceptable que en pleno siglo de la tecnología, el Poder Judicial dure más de dos semanas tratando de notificar a dirigentes sindicales en huelga.
3. El juez tendrá 24 horas a partir de la solicitud de ilegalidad para convocar a las partes en un plazo de 72 horas. Cuando no hay prueba que presentar o no se prueba el porcentaje de apoyo requerido, se dictará sentencia en un plazo no mayor a 48 horas. Si no se cumplen los plazos, se puede interponer la queja ante la Corte Suprema de Justicia o ante la Inspección Judicial para que se tomen las medidas del caso.
4. Se prohíben las huelgas en servicios esenciales en el sector público y se establece que las mismas no requieren de calificación previa por medio de un juez laboral.
5. No se permitirán movimientos huelguísticos de tipo político.
