Unas 29 muertes por alcohol adulterado, cientos de millones de colones evadidos al fisco y, además, una situación que fomenta grupos delictivos violentos. El problema del contrabando de licor saltó nuevamente a la palestra durante este 2019.
El problema no es nuevo. Por eso, desde el año pasado se tramita, en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley 20.961, el cual tiene como propósito establecer un mecanismo de trazabilidad. Sin embargo, la propuesta solo habla de “establecer un mecanismo de identificación y registro”.
Ante las críticas y la falta de claridad, para Guillermo Varela, director ejecutivo de la asociación empresarial GS1 Costa Rica, la respuesta es fácil: códigos QR. Esta propuesta incluso cuenta con el apoyo de grupos que han criticado la iniciativa que se discute en el Congreso.
Ventaja
Para el vocero, implementar esta medida permite tener un control sobre toda la cadena de suministros, esto gracias a los estándares de información. Su organización se dedica a estandarizar la información de códigos comerciales, alrededor del mundo.
“Garantiza dónde y cómo están los productos, a partir de un proceso desde su origen hasta que llega al consumidor. Así yo se quien es el fabricante, las materias que uso, el lote al que pertenece el producto, por donde a pasado”, aseguró durante una entrevista con El Observador.
Varela asegura que la tecnología de códigos QR es como una huella dactilar, la cual le da una identidad única a cada producto y la cual termina siendo la llave de acceso a un sistema de información que cuenta con una base de datos confiable y respaldada.
“Hay una aplicación que está certificada. Entonces, si usted es Policía Fiscal, puede acceder a la información que le interesa, con su celular, al escanear el código Qr. Igual si es una autoridad sanitaria o un consumidor. Solo va a ver la información que le interesa”, detalló.
Con respecto al texto que se discute, Varela aseguró que es un tema que hay que atacar, sin embargo, los diputados no han especificado el cómo lograrlo. También siente que es un pan que se concentra mucho en la parte fiscal y se olvida del resto de la cadena.
“El principio de la ley, de generar trazabilidad, se puede hacer y se debe hacer. Hay que recordar que esto es sinónimo de visibilidad, si se aplica bien. La forma es lo que los diputados no han dejado claro”, sentenció.
La propuesta
La Ley Contra a Adulteración, Imitación y Contrabando de Bebidas Alcohólicas, propuesta por varios congresistas, con el liberacionista Daniel Ulate llevando la batuta establece que:
- La autoridad competente para determinar la adulteración, imitación, fabricación clandestina y contrabando queda en manos de la Policía de Control Fiscal.
- El Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio de Economía, deberán tener mecanismo de identificación.
- Ese mecanismos deberá implementar un registro de licores nacionales y extranjeros, con etiquetado de seguridad.
- El etiquetado permita una trazabilidad fiscal.
- Los consumidores puedan identificar bebidas adulteradas o de contrabando.
- La Policía Municipal o inspectores municipales puedan decomisar producto en establecimientos comerciales.
- El incumplimiento de la Ley que se busca, provocaría desde el cierre provisional hasta el definitivo y la cancelación de patentes.
El proyecto, al no establecer los lineamientos para asegurar el recorrido a lo largo de la cadena de producción, ha propiciado que surjan dos hipótesis.
Por un lado, los industriales creen que los sellos electrónicos tendrían una contribución positiva siempre y cuando se implementen de manera integral, como parte de un sistema amplio de aplicación en los controles de fronteras o puntos ciegos de ingreso de la mercadería ilícita.
Sin embargo, también se ha comentado la posibilidad de usar estampillas fiscales u otra forma de etiqueta manual, como lo indicó la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) del Ministerio de Hacienda.
No obstante, esto es algo que las cámaras, Varela e, incluso, asesores internacionales han desestimado como una forma efectiva de atacar el problema.
Por un lado aseguran que sería otorgarle una responsabilidad, al fisco, que no le corresponde (trazabilidad). Por el otro, aseguran que sería un sistema fácil de corromper.
Voces externa
En una entrevista, con este medio, Jeffrey Hardy, director general de la Alianza Transnacional para Combatir el Contrabando, aseguró que este planteamiento es ilógico. Además, podría tener el efecto contrario a lo que pretende.
“Los resultados han sido variados. Analizamos ejemplos de otros 12 países de latinoamérica, en los que algunos aplicaron esta medida y otros no. Encontramos que el contrabando es mayor en los países que optaron por esta política.
“Hay países que han empleado este modelo y, dos años después, se dieron cuenta que invirtieron más dinero en el programa, que lo que recaudaron con la medida”, agregó.
Por su parte, el diputado por Liberación Nacional aceptó que los congresistas no han establecido el mecanismo para generar esta trazabilidad, ya que eso es una situación que le corresponde al Ministerio de Hacienda.
