El sistema electoral de Nicaragua funciona como un mecanismo de trampas para que una vez que los dados se tiren, siempre caigan del mismo lado: la victoria de Daniel Ortega.
Esta semana la Alianza Cívica propuso 13 “cambios mínimos” que se deben realizar con urgencia en materia electoral para desmontar ese sistema que el político liberal José Pallais define como “totalmente controlado, amañado y perverso”.
Las elecciones, ya sea adelantadas como pide a oposición o en el 2021 según el calendario electoral, se vislumbran como la “solución madre” y pacífica a la crisis que vive Nicaragua, que ha ocasionado más de 300 muertos, el exilio de más de 100 mil personas y la caída en picada de la economía.
La Alianza Cívica es una organización opositora formada por representantes de diferentes sectores sociales al calor de las negociaciones de crisis con el régimen de Daniel Ortega. Entre las 13 reformas que proponen están escoger nuevas autoridades electorales confiables, establecer la observación electoral, crear un sistema de transmisión de resultados auditable, verificable y observado y la publicación de los resultados en tiempo real.
La gran trampa del sistema electoral nicaragüense está en su diseño rudimentario, cargado de anomalías intencionalmente creadas para el fraude, dice Pallais. Así Daniel Ortega ha ganado con porcentajes extraordinariamente altos las últimas ocho elecciones (dos generales, tres municipales y tres regionales) después de su llegada al poder. El político pone de ejemplo el uso de urnas no transparentes que se sospecha llegan a los centros de votación “preñadas” (llenas) de votos a favor del partido que controla el sistema electoral.
“No hay garantías en la trasmisión de datos”, dice. “Los datos se van alterando en toda la cadena porque el sistema está destinado para poderlo hacer. No se publican las actas en una página web y no se van subiendo en tiempo real. Los ciudadanos no tienen forma de corroborar los datos y los partidos tampoco porque les dan unas copias ilegibles, de tal forma que no pueden llevar su propia contabilidad”.
Esa careta de un sistema primitivo, lleno de ineficiencias, es parte de diseño del fraude con el cual se justifican como “torpeza” o “pobreza” acciones que en realidad están dirigidas a “evitar que el voto popular escoja a sus autoridades”.
Copias ilegibles, credenciales tardías o cambiadas a los fiscales opositores para que no puedan entrar a los centros de votación, falta de normativas para que los funcionarios improvisen a su discreción en cada elección, son parte esa “anomalías creadas” que menciona Pallais. “Ponen todos los impedimentos y mañas para evitar la fiscalización de los partidos adversarios”, dice.
El experto electoral José Antonio Peraza señala otra condición del sistema que facilita las trampas: la falta de automatización. En Nicaragua se vota como hace 100 años. El ciudadano marca una x en una boleta, luego esas boletas se cuentan y comienzan un peregrinaje desde la junta hasta el Consejo Municipal, luego al Departamental y finalmente al Supremo Electoral. Ese viaje se realiza en los trechos más alejados a pie, a veces en caballos, lanchas o vehículos. Con frecuencia el resultado de las votaciones cambia en el camino de tal forma que quienes perdieron en el municipio ganan cuando se anuncian los resultados finales.
Un ejemplo: en las elecciones para alcalde de noviembre 2008, el candidato liberal de Santo Tomás, Chontales. Enrique Bonilla, ganaba con 4.521 votos, mientras que Mauricio Ruiz, del Frente Sandinista, perdía con 2.569, con el 95 por ciento de los votos contados hasta el martes cuando despareció misteriosamente el conteo de la página web del Consejo Supremo Electoral (CSE). Para el jueves de esa misma semana, y sin explicación alguna el CSE publicó resultados completamente distintos: el candidato del Frente Sandinista apareció con 3.181 votos, mientras que el liberal con 2.753 votos, de tal forma que Ruiz fue el alcalde de Santo Tomás y Bonilla el perdedor a pesar que los votos contados boleta por boleta en el municipio decían lo contrario.
Peraza señala que el sistema electoral nicaragüense a pesar de ser primitivo, y el más atrasado de América, es uno de los más caros del mundo.
El organismo Ética y Transparencia ha calculado que el costo del voto en Nicaragua en los últimos 15 años “anda por los 25 a los treinta dólares” lo que lo convierte en el voto más caro de Centroamérica. En el resto de países el costo por voto oscila entre los 10 y 18 dólares.
José Antonio Peraza dice que el primer “gran problema” a resolver es el Consejo Supremo Electoral, dirigido por militantes de partidos, en su gran mayoría del Frente Sandinista, que están ahí para hacer que su partido gane. “Hay que reformarlo”, sostiene Peraza. “Hay que quitarle su carácter partidista. Toda la estructura piramidal está corrupta desde el punto de vista electoral. Los fraudes se han hecho en las juntas de votos, en los consejos electorales municipales, en los consejos electorales departamentales y regionales y lógicamente con la aprobación y vista gorda del Consejo Supremo Electoral”.
El informe final sobre las elecciones generales de 2011 en Nicaragua de la misión de Observación Electoral de la Unión Europea concluyó: “El Consejo Supremo Electoral, a pesar de su innegable capacidad organizativa y logística, ha dado repetidas muestras de falta de neutralidad. Siendo un órgano de composición partidaria, la perdida de neutralidad ha venido del progresivo abandono de posiciones pluralistas de sus magistrados, escorados de manera cada vez más palpable al oficialismo”.
Agregó: “La acusada pérdida de neutralidad del CSE ha venido acompañada de un deterioro de las condiciones de transparencia del proceso. La negativa a acreditar a organizaciones de observación nacionales críticas con la gestión del CSE; las trabas y retrasos en la acreditación de los fiscales del principal partido de oposición; la escasa y tardía divulgación de los formatos de actas o de los manuales de procedimientos; la calidad inservible de las copias de actas de resultados entregadas a los partidos de oposición…”.
Peraza advierte que para tener elecciones creíbles debe haber “un proceso de trazabilidad” donde ciudadanos y partidos políticos puedan seguir “con pleno conocimiento desde el momento en que se crea el paquete electoral hasta que llega a las juntas receptoras y de las juntas receptoras al Consejo Electoral Municipal, y la transición que se hace al Consejo Supremo Electoral”.
También considera que se “debe reconstruir el sistema de partidos” porque “los partidos políticos perdieron su sentido” en las actuales condiciones. Tanto el Frente Sandinista como los partidos que todavía sobreviven, ninguno de ellos quieren que surjan nuevas opciones políticas. Se niegan”, dice.
Pero, tanto los cambios que propone la Alianza Cívica como los que propone Peraza pasan por la voluntad de Daniel Ortega para que se ejecuten. ¿Cómo va Ortega a cambiar un sistema que le ha dado tan buenos resultados por uno en el que pueda perder?
“Ese es el gran reto. Eso solo lo va a hacer con presión. Yo no soy muy optimista a que él ceda mucho. Estamos en una etapa voluntarista. No se le puede imponer que acepte esto o lo otro a menos que haya una presión tremenda, interna y externa”, dice Peraza.
Pallais, de la Alianza Cívica, cree que si hay voluntad de parte de Ortega, los cambios que se proponen se pueden realizar en tres meses, y se necesitarían otros seis meses más para ejecutar elecciones adelantadas que pongan fin a la crisis política que vive el país. “Lo que nosotros estamos proponiendo hoy es lograr un consenso nacional de todas las fuerzas democráticas alrededor de las reformas que el país necesita”, dice.
Si se llegase a elecciones sin cambio alguno, dice Pallais, sería muy difícil “aunque no imposible” que Ortega perdiera. “Solo podría perder si hubiese un voto masivo (contra Ortega), con una resistencia activa y con una observación nacional e internacional fuerte como la que hubo en el noventa”, dice.
Vía – La Patilla
