El polémico proyecto 21.049 «Ley para Brindar Seguridad Jurídica y sus Procedimientos» fue aprobado este jueves en segundo debate en la Asamblea Legislativa, dejando la vía libre al Poder Ejecutivo para la firma final, con tal de convertirse en Ley de la República.
En el Plenario se requirieron alrededor de tres horas de discusión por el fondo, donde los legisladores dejaron clara su posición: a favor o en contra. Pero la votación fue definitiva: 35 diputados le dijeron sí al proyecto y 13 no.
Los diputados votaron mientras pocos sindicalistas se encontraban en las afueras del Congreso para externar su total rechazo a la propuesta. Altoparlantes, banderas y pancartas fueron insuficientes para incidir en una votación que ya estaba lista.
Las reglas para la realización de huelgas implican aspectos como:
- prohibir todo tipo de movimiento en servicios públicos esenciales y no permitir bloqueos. Aunque estos puntos ya estaban estipulados en legislaciones anteriores, se hacía caso omiso
- en el caso del sector educación, podrán sumarse a huelgas hasta por 21 días naturales consecutivos o 10 discontinuos, pero es terminantemente prohibido cerrar comedores escolares, declarados como servicio esencial
- permitirá la notificación a sindicatos mediante correo electrónico
- avala la huelga política durante un plazo de 48 horas
- procesos judiciales más rápidos
- trabajadores en huelga no recibirán remuneración en el período que se mantengan sumados al movimiento
- en caso de declararse huelga legal, los empleados recibirán de forma retroactiva el pago de todo el tiempo en el movimiento
Cambios en diálogo
Laura Guido, diputada oficialista, enfatizó en que con la aprobación de este proyecto, el país entrará en un cambio cultural de diálogo, porque ahora se deberá de propiciar más conversación para evitar conflictos.
La pacsista recordó que la interrupción de servicios públicos esenciales y bloqueo del tránsito para protestar en contra de medidas del Poder Legislativo y Ejecutivo, fueron la cúspide para llegar a la aprobación de esta iniciativa.
«Nos fuerza a que no sea mediante la paralización de servicios públicos, hacer escuchar la voz de la ciudadanía, pero que no sea necesario llegar a tales extremos para ser escuchados por parte de tomadores de decisión. Va a requerir sensibilidad de nuestras partes», detalló Guido.
Luis Fernando Chacón, diputado liberacionista, reconoció que esta iniciativa viene a sufragar espacios abusivos que conllevaron a muertes de costarricenses por no recibir atención médica necesaria.
Con papel en mano, el verdiblanco recordó que la huelga en el sector salud entre el 5 y 12 de agosto del 2019, implicó la pérdida de 80.000 citas, 2.000 cirugías y una afectación en el 35% de las consultas externas.
Tanto Guido como Chacón, recordaron a sus compañeros Mario De Castro y Roberto Cerdas respectivamente, quienes se vieron afectados por huelgas recientes y posteriormente fallecieron.
En contra de la ley también se emitieron discursos. Paola Vega, del PAC, detalló que en los problemas y la afectación por las huelgas, hay responsabilidad no solo de la clase política, sino del líder sindical Albino Vargas.
«Aquí hay un responsable llamado Albino Vargas que ha llevado al declive al movimiento sindical costarricense, que desvirtuó la lucha del movimiento y que ha enfrascado al movimiento sindical», señaló Vega.
Sector privado celebra
El sector empresarial y sus diversas cámaras agradecieron a los diputados la aprobación del proyecto.
«Se respeta el derecho a huelga y se asegura la continuidad de la producción y los negocios de las pequeñas, medianas y grandes empresas, además da seguridad a los inversionistas», aseguró Álvaro Sáenz, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
«Es falso que se esté criminalizando la protesta, lo que se está regulando es el derecho constitucional de la huelga», apuntó el empresario.
Vía – Elobservadorcr
