A mediados de octubre del 2019, el Congreso aprobó la ley para «rescatar» la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). La salvación pasaba por el aporte de miles de millones de colones para la reducción de personal y el impulso de la institución a nuevos negocios, ante el cambio que implicó la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) a inicios del año pasado.
Cuatro meses después, la entidad ya tiene 500 funcionarios menos de los más de 1.200 que sostenía. Entre noviembre y diciembre, Japdeva vio la salida de 200 empleados por prejubilación y 260 pagando bonos. En total devengó más de ¢9.009 millones para liquidarlos.
Se suman otros 27 que salieron a finales de diciembre (8 de prejubilación y 19 con bonos) y 20 personas más en enero del 2020, según indicó la presidenta de Japdeva, Andrea Centeno. Pero ya están afinando otros que saldrán en el cierre de febrero.
«Al primer semestre del año ya deberíamos estar cerca del punto que dice el estudio de reestructuración, que son entre 300 y 350 personas como máximo. Hoy hay 665 personas (de planilla) eso significa que al menos 300 más en las próximas semanas, meses tienen que ser los que salgan y ahí nos detendríamos», afirmó la jerarca.
La entidad se basa en un plan aprobado por los ministerios de Planificación (Mideplan) y de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con el objetivo final ideal de tener 305 trabajadores. Centeno advirtió que el proceso es complejo.
«La realidad es que financieramente aunque se ven esas alteraciones, no podemos superar un grupo mayor a las 350 personas, bajo las condiciones actuales que son muy críticas», señaló.
Menos gastos, déficit presente
La presidenta de Japdeva reivindicó que en diciembre pasado, el gasto corriente se redujo en un 47%, a partir de medidas de contención y los cambios en planilla. Al comparar enero 2019 con enero 2020, la baja en remuneraciones fue de alrededor del 60%. Centeno destacó que en menos de nueve semanas, se sacaran a 500 personas de forma legal.
«No hay un antecedente de reestructuración del Estado costarricense ni de empresa pública, que haya podido en nueve semanas hacer esos movimientos. Hay muchas lecciones aprendidos porque hubo mucho trabajo administrativo y fue muy retador. Hay que aprender de lo que hemos pasado. Va a ser muy valioso el caso de Japdeva para otras instituciones que lo vayan a tener que hacer», resaltó la jerarca.
A pesar del inicio del rescate, hay condiciones «críticas» en el presente de la Junta, por el hecho de que se mantiene el déficit: produce no más de ¢800 millones al mes y el gasto sigue siendo superior al ingreso.
«Hay que ser muy sabio en los pagos que se van haciendo, por ejemplo de deudas históricas, que hay que irlas diluyendo en el flujo de caja», dijo.
Sociedades anónimas laborales y un superávit «prestado»
La salida de trabajadores implican que ciertos departamentos trabajen con lo mínimo y la necesidad de un cambio de modelo. En el nuevo esquema, Japdeva está acudiendo a la tercerización de servicios, es decir no tener personas contratadas, sino buscar los servicios de otro ente que los contrate.
Para ello se crearon e inscribieron dos sociedades anónimas laborales con exempleados de la institución. Según nuestra ley, la figura cuenta con un capital social perteneciente, por lo menos en un 51%, a sus propios trabajadores, «cuyos servicios se retribuyan, en forma directa y personal, con una relación laboral por tiempo indefinido, con las excepciones que indique el pacto social».
Centeno explicó que se contratarán como proveedores externos en una modalidad distinta, lo que también baja gastos. «Busca darle oportunidad a gente que fue empleada de la organización, entonces el concurso (de contratación) es un poco diferente», mencionó Centeno, agregando que esta figura solo la ha empleado el Instituto Costarricense de Electricidad.
La Ley aprobada permitió que entes públicos trasladen su superávit libre acumulado al 31 de diciembre de 2019 a Japdeva. Hasta el momento, el único que ingresó fue el del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), por un total de ¢3.500 millones.
Se usó en diciembre para pagar un segmento de los aguinaldos, aunque ¢2.700 millones del monto no se han tocado.
No es un pago gratuito. Se recibió como un crédito a un plazo de 10 años con una tasa de interés de 6,5%. Además la Junta puso terrenos a responder como garantía.
Transformación
Mientras se lucha contra el déficit y se trabaja por la estabilidad, hay un trabajo de igual o mayores dimensiones: dar forma al «nuevo Japdeva» y tener nuevos clientes. La ley le permite vender en el mercado nacional e internacional consultorías, capacitación y actos afines a la entidad.
Andrea Centeno señaló que ya se inició la búsqueda de nuevas oportunidades. Pero matizó que la transformación no se dará en nueve semanas, pues aún se está superando una incertidumbre.
Por el momento, la institución destaca estas nuevas líneas de negocio:
- estudios para obras en la Terminal de Cruceros de la Terminal Hernán Garrón Salaza
- conversaciones con dos navieras para hacer pruebas con barcos graneleros de Estados Unidos, para los cuales es ventajoso ingresar por el Caribe y por el Pacífico, para evitar pasar por el Canal de Panamá
- con barcos carreros
- nueva tarifa de días de gracia que incentive el transbordo de carga (ya publicada en La Gaceta)
- negociaciones de dos convenios de instalaciones de Japdeva que podrían convertirse en espacios de bodegaje o alquiler
- desarrollo de modelo para el cobro por utilización de tierras de Japdeva
Vía – Elobservadorcr
