La administración de la Asamblea Legislativa se encuentra limitada en su capacidad para llevar a cabo una supervisión previa de quienes visitan los despachos de los 57 diputados del país.
Recientemente, algunas personas involucradas en investigaciones por presuntos delitos como narcotráfico, lavado de dinero o fraude registral han accedido a las oficinas de ciertos legisladores. Este fue el caso de los implicados en las causas penales conocidas como Turesky (2021) y Madre Patria (2024).
Karla Granados Brenes, la directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa, explicó a CR Hoy que cada visita a los diputados es gestionada previamente por los propios despachos legislativos.
Al llegar, los visitantes deben cumplir con los procedimientos establecidos en los puntos de ingreso del edificio, que incluyen la entrega de su cédula de identidad y someterse a un registro fotográfico. Esta información se almacena en la base de datos de la institución.
Sin embargo, la administración legislativa no dispone de las herramientas necesarias para llevar a cabo investigaciones preliminares sobre el perfil de los visitantes. Si se realizara dicha tarea, debería ser responsabilidad de los funcionarios de los despachos de los diputados.
“Es responsabilidad de cada despacho reportar, a través de correo electrónico, al departamento de seguridad de la Asamblea Legislativa quiénes son los visitantes que reciben. Este registro contribuye a la formación de una base de datos. Además, cada despacho designa a un asesor que se encarga de recibir a los visitantes, guiarlos hasta el despacho y luego devolverlos a la salida”, afirmó Granados.
La funcionaria ha sido clara al afirmar que los despachos de los diputados gozan de total libertad para invitar a quienes deseen.
En mayo de 2021, dos acusados en el caso Turesky, que investiga a una supuesta organización vinculada al narcotráfico y la legitimación de capitales, tuvieron varias reuniones en el despacho del diputado Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien representó a la provincia de Puntarenas entre 2018 y 2022.
En esa ocasión, Cascante explicó que los acusados se acercaron a él para discutir temas relacionados con proyectos de vivienda en los cantones de Esparza y Corredores.
Por otro lado, un acusado en el caso Madre Patria, que investiga a una supuesta agrupación vinculada a fraudes registrales millonarios y lavado de dinero, se reunió con tres diputados del período 2022-2026: Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP); María Marta Carballo, del PUSC; y Kattia Rivera, del Partido Liberación Nacional (PLN). Los legisladores indicaron que el individuo los visitó en calidad de asesor legal de una agrupación de transportistas regionales.
La funcionaria subrayó que no hay forma de que alguien acceda sin la debida autorización o gestión previa realizada por un despacho legislativo.
“Ante las situaciones recientes, hemos levantado alertas que nos han permitido implementar medidas adicionales en el protocolo de seguridad. Por ejemplo, ahora contamos con un mayor registro de entradas y somos más rigurosos en el control; los funcionarios legislativos deben ingresar al edificio por una única entrada, a diferencia de antes, cuando podían acceder por cualquier lugar”, señaló Granados.
El plan piloto tiene como objetivo que los despachos de los diputados se integren a un sistema virtual diseñado internamente en la Asamblea Legislativa, el cual se conecta con el sistema existente que contiene la lista de personas autorizadas para ingresar.
La unidad de seguridad de la institución trabaja en estrecha colaboración con otros cuerpos policiales, como el OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), para intercambiar información sobre individuos que podrían intentar acceder a la Asamblea Legislativa sin invite. Esto mismo se aplica cuando grupos están programados para participar como público en una comparecencia o audiencia.
Con información de | crhoy.com
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