En su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la ministra de Justicia, Marcia Gonzalez señaló a los jueces como parte de los responsables del problema en el sistema de monitoreo electrónico de personas condenadas.
Según González, el Poder Judicial es lento cuando se le reportan violaciones al beneficio de la tobillera.
Este jueves, ante el mismo grupo de diputados, los jueces de ejecución se sacudieron los señalamientos, indicando que las autoridades penitenciarias no les dan la información necesaria.
Según la jueza Odilie Robles los problemas se dan desde el 2017 y responden en gran parte, a fallas de comunicación.
“Nosotros hemos llamado para reportar problemas y nadie contesta el teléfono. Nos hemos visto obligados a llamar al celular de los funcionarios”, se quejó Robles.
El juez Mario Rodríguez dijo que la ley les obliga a resolver con pruebas, las cuales no les llegan a tiempo. También denunció que no hay un sistema integral de seguimiento.
“Si la tobillera se descarga y el policía se da cuenta tiene que registrarlo a mano, pasamos de la última tecnología a la Edad de Piedra”, concluyó.
¿Qué hacen los jueces?
Los jueces de ejecución de la pena son los encargados de darle seguimiento a las sanciones impuestas en juicios.
Entre otras potestades, se encargan de revisar las modalidades del castigo y sus cambios.
Así recae en ellos la posibilidad de dar permisos de salida o de cambiar la pena de encierro por el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Sistema fallido
La posibilidad de usar las tobilleras electrónicas fue impulsada desde el Gobierno anterior señalando el ahorro de recursos. Cerca de 1.600 personas han recibido esta medida alternativa.
El servicio de la plataforma tecnológica se adjudicó a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). Recientemente la compañía culpó a las autoridades que monitorean a los condenados.
La ESPHE denunció que 596 tobilleras no tienen seguimiento y vigilancia. Estas representan el 40% de las que estaban en uso a agosto pasado (1.515). El sistema de vigilancia le cuesta mensualmente al Estado $700.000 (unos ¢403.746.000)
Mientras la Ministra Gonzalez aseguró que se perdió el rastro de 21 beneficiarios, la ESPH sostiene que son 570 los condenados que no reciben seguimiento.
Además el consultor Nuno Caiado – contratado por Justicia y Paz – concluyó que el sistematiene fallas fundamentales y por ende “ni podrá funcionar”.
“Padece de los problemas típicos de un pequeño proyecto piloto (que, en realidad, nunca existió), pero lo cierto es que maneja un programa que es nacional y que se desarrolla a gran velocidad. Su estructura operacional es frágil y se debate con dolores de crecimiento porque éste es demasiado rápido: no estaba, ni está, preparada para acomodar y gestionar tantos casos”, anotó el consultor.
