Como parte de los diálogos y las negociaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), Costa Rica, Fiji, el estado de California, Panamá y Perú presentaron la Alianza para la Acción Climática de la Costa del Océano Pacífico.
La coalición plantea trabajar en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, la maximización de las mitigaciones de los océanos y la construcción de la resilencia de los ecosistemas océanicos y costeros.
«Esta iniciativa pretende unir esfuerzos para la conservación de este océano que concierne a cinco continentes, aumentando acciones de mitigación basadas en el rol de los océanos», aseguró viceministra de Aguas y Mares, Haydeé Rodríguez, quien participa en la cumbre iniciada la semana pasada en Madrid, España.
Candil en la calle…
Según Rodríguez, durante la COP25 se planteó la inclusión de la llamada agenda azul, para visibilizar la importancia que existe entre el cambio climático y los océanos. El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) viene trabajando este proceso desde la PreCOP25, realizada en octubre pasado en el país.
«Además de esta iniciativa Costa Rica está construyendo junto a Francia la Coalición de Alta Ambición para las Personas y la Naturaleza, una alianza global de 30×30 para proteger un 30% del océano y de la tierra para el 2030», dijo la Viceministra.
No obstante, la participación de la delegación tica ha sido criticada por el sector ambientalista. Mientras se impulsa una agenda azul en España, la reactivación de la pesca de arrastre en el país está a pocos pasos.
Para los ambientalistas, el país mantiene un doble discurso en materia ambiental. El 27 de noviembre, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley que reviviría la técnica. El Poder Ejecutivo ha evitado referirse a un posible veto.
A criterio del presidente Carlos Alvarado, lo oportuno es esperar a que se resuelva una consulta de un grupo de 17 diputados a la Sala Constitucional sobre el proyecto.
Costa Rica es mucho más mar que tierra, el Estado es incapaz de vigilarlo. El 92% del territorio costarricense corresponde a sus mares, es decir más de 570 mil km². El Gobierno busca reordenar el espacio marino y cambiar la forma en que se regula el desarrollo humano. Se define como ordenamiento espacial marino (OEM).
Para eso lanzó un decreto de gobernanza marina que fortalece el involucramiento de la sociedad en la gestión integral de los espacios marinos. Busca ofrecer puntos de vista y acompañamiento en la elaboración de políticas relacionadas a la gestión pesquera.
Otro de los cambios será asegurar la representación de los intereses del sector, por lo que la presidencia del Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca) participará en los procesos. A partir de ahora, el diálogo entre el sector pesquero y el Gobierno será acompañado con la presencia de representantes de la Defensoría de los Habitantes y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Pero tras presión de un sector de los pescadores, el Minae modificó el decreto.
