La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que lidera Michelle Bachelet, emitió este lunes un nuevo informe en el que indica que las ejecuciones extrajudiciales parecen continuar en Venezuela y apuntó a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como responsables con el apoyo de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Michelle Bachelet dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que junto a las posibles ejecuciones, su oficina había documentado casos de tortura de soldados y otras personas detenidas arbitrariamente, e instó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a castigar a los perpetradores.
Bachelet, quien emitió un reporte a comienzos de julio detallando relatos sobre escuadrones de la muerte dirigidos por las FAES, dijo que la organización no gubernamental Monitor de Víctimas había registrado 57 nuevas presuntas ejecuciones por miembros de las FAES en Caracas ese mes.
1- La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región.
“Mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe”, indica Bachelet.
2- Un miembro del equipo de Bachelet fue autorizado a visitar la prisión militar de Ramo Verde. Otros detalles de la visita no fueron divulgados de inmediato. Dijo que avanzan en un protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses.
3- La situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. Se refiere a la crisis hiperinflacionaria, que cataloga como la “más agudaque haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales”.
4- Muestra preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de EE.UU: “Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas”.
5- Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos, medicamentos y asistencia médica.
6- Han sido documentandos casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional – conocidas como FAES – en algunos barrios del país.
“Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres”, indica el texto.
Además agrega que la Oficina de Bachelet “no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno”.
“Llamo a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas”, dice el informe.
7- Muestra preocupación por la presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena Warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.
8- Muestra preocupación por el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios. A pesar de que el Gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del Arco Minero, autoridades indígenas y ONGs sostienen que no hubo consultas, ni los estudios de impacto ambiental adecuados.
9- Critica que desde la presentación del informe de julio, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, -ambos bajo las órdenes de Maduro-, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su Presidente. Dos parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio: “Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto”.
10- Señala que continúa el éxodo en virtud del cual unos 4,3 millones de venezolanos han salido del país, y muestra preocupación por la trata de personas y algunos indicios de xenofobia en países de acogida en medio de la crisis migratoria venezolana.
11- Alude a que algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación del informe de julio, fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación: ” Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención”.
