El 34% de los homicidios registrados en Costa Rica hasta el 24 de marzo se concentró en la provincia de San José, donde la violencia extrema entre grupos dedicados al narcotráfico, especialmente en el sur y la periferia del cantón central, ha sido una constante.

En esa fecha, San José reportaba 74 homicidios dolosos de un total de 217 casos en todo el país, convirtiéndose así en la provincia más violenta. Superaba considerablemente a Limón, que contaba con 42 casos, y a Puntarenas, con 33.

El aumento en los asesinatos, motivados principalmente por el sicariato, está intrínsecamente vinculado a las disputas entre cuatro organizaciones que luchan por el control del narcomenudeo en áreas como Alajuelita, Hatillo y el sur del cantón central de la capital.

Las autoridades policiales han detectado un conflicto en Hatillo entre los grupos conocidos como “Los Lara” y “Los Myrie”. Sin embargo, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sospechan que hay dos agrupaciones adicionales involucradas: una de Tirrases de Curridabat y otra de Aserrí.

“Existen varios grupos relacionados con estas disputas por el narcomenudeo. Hemos contabilizado al menos tres, pero creo que podría haber un cuarto. Alajuelita, por su densidad poblacional y las condiciones presentes, resulta muy atractiva para ellos”, señaló Carlo Díaz Sánchez, fiscal general del Ministerio Público.

Durante la tarde del martes 18 de marzo, la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, junto con el OIJ, llevaron a cabo un allanamiento en “búnkeres” dedicados a la venta de drogas en Hatillo, los cuales supuestamente son gestionados por las organizaciones “Los Lara” y “Los Myrie”.

Díaz destacó que las otras dos agrupaciones que se han involucrado en esta disputa no tienen vínculos con Hatillo o Alajuelita. «Emergen por separado y ni siquiera en esas localidades. Provienen de áreas cercanas; creo que hay una organización de Aserrí que busca trasladar sus operaciones a Alajuelita», enfatizó.

Pugnas Sangrientas

La mayoría de los crímenes relacionados con sicariato en el país están estrechamente vinculados a la lucha por el control territorial en el comercio de drogas. Aunque no se descartanin casos asociados al narcotráfico internacional, la principal preocupación se centra en las disputas internas. Además de San José, se han observado conflictos por narcomenudeo en regiones como Limón, Puntarenas y Pococí.

«Costa Rica representa un punto estratégico para el tráfico de drogas, tanto hacia el norte como hacia Europa. Esto ha atraído a narcotraficantes extranjeros, quienes se establecen en el país con facilidad y evitan la extradición. De esta manera, continúan desarrollando sus operaciones aquí», explicó un funcionario al respecto.

Asimismo, existe un incremento en el tráfico local, impulsado por el auge en la producción de cocaína en países como Colombia. Ahora, las dinámicas han cambiado; gran parte de este tráfico se compensa con la propia droga, en lugar de dinero. Del cargamento que se envía, una parte se destina al traficante, lo que significa que una cantidad considerable de cocaína permanece en el país y es comercializada por los narcotraficantes.

Randall Zúñiga, director general del OIJ, subrayó a mediados de marzo que la principal estrategia para combatir la creciente ola de homicidios en el país es el control territorial ejercido por la policía.

Para el funcionario, los resultados son claros y evidentes. Las recientes intervenciones del OIJ en Batán, Limón, Puntarenas y Alajuelita lograron, de manera temporal, reducir a cero el número de asesinatos, gracias a la constante presencia de los agentes en lugares específicos.

“Ya hemos comprobado la eficacia de las cuatro intervenciones realizadas por el OIJ: una en el centro de Limón el año pasado, otra en Puntarenas en julio y una muy notable en los barrios del sur, que incluyen Hatillos, Desamparados y Alajuelita. Estuvimos presentes allí durante 22 días sin que se registrara un solo homicidio. Posteriormente, permanecimos en Batán durante un mes y 21 días, y nuevamente no ocurrió ningún homicidio. De hecho, el mismo día en que nos retiramos de Batán, un viernes por la noche, se reportaron asesinatos al día siguiente, sábado y domingo,” comentó el jerarca policial.

Un ejemplo adicional de la efectividad de estas medidas es la reducción de hasta un 40% en otros delitos en la zona, precisamente durante la operación en la comunidad de Matina, Limón. Los agentes judiciales se desplegaron a principios de 2025, con horarios continuos, especialmente durante las horas nocturnas.

La responsabilidad de la presencia policial permanente recae en la Fuerza Pública y otros cuerpos adscritos al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), y no en el OIJ. A pesar de los operativos especiales que lleva a cabo el OIJ y del apoyo que proporciona, la escasez de recursos, los altos costos y la necesidad de avanzar en las investigaciones obstaculizan la posibilidad de mantener un control territorial prolongado.

“Es evidente que el control territorial corresponde a la Fuerza Pública. Nosotros colaboramos para disuadir, pero es crucial establecer estos espacios de control para reducir la cantidad de homicidios”, expresó Zúñiga.

El país concluyó 2024 con 880 asesinatos, convirtiéndose en el segundo año más violento en la historia de Costa Rica. El 2023 marcó un nuevo récord de violencia, con 907 homicidios dolosos, la mayoría relacionados con ajustes de cuentas entre grupos narcotraficantes a nivel local.

En 2022, se registraron 654 homicidios dolosos, es decir, 66 más que en 2021. De esta manera, los datos actuales revelan que durante la Administración Chaves Robles se han experimentado los tres años más violentos en la historia costarricense, según los registros: 2022, 2023 (el año más violento hasta ahora) y 2024.

Con información de | crhoy.com

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