Cuba y Venezuela impulsan la candidatura de una ex funcionaria de Correa acusada de corrupción para dirigir la OEA

Antigua y Barbuda propuso a la ecuatoriana María Fernanda Espinosa como candidata a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos, cargo que se renueva cada cinco años. Ello para disputarle la reelección de Luis Almagro en marzo de 2020.

Curiosamente, Espinosa es la candidata de Antigua y Barbuda, pues el gobierno de Ecuador emitió un comunicado aclarando que apoyaba a Almagro. En consecuencia, es la candidata de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), organización internacional fundada en 2004 en La Habana por Fidel Castro y Hugo Chávez.

O sea, Espinosa es la candidata del Partido Comunista cubano. El ALBA es un enclave castrista, financiado por petróleo venezolano, en medio de una región mayoritariamente democrática. Su política es apoyar las dictaduras de Cuba y Venezuela, habiendo hecho explicito en numerosas ocasiones “el compromiso de construir el Socialismo del Siglo XXI como única vía para alcanzar la soberanía e independencia de los pueblos»”.

Lo de socialismo es palabra hueca, cortina de humo retórica para ocultar los ilícitos y la corrupción de una organización criminal transnacional especializada en narcotráfico, minería ilegal y lavado entre otras actividades. Leemos con frecuencia que sus jerarcas, los “socialistas”, tienen cuentas bancarias por miles de millones.

Los últimos gestos de Antigua y Barbuda con respecto a Venezuela confirman hacia donde iría la OEA, de llegar Espinosa a la Secretaría General. En junio de 2018, el primer ministro caribeño, Caston Browne, expresó su solidaridad con el régimen de Nicolás Maduro. La muestra de apoyo más reciente es del 4 de noviembre de este año. Ese día Maduro y Browne se reunieron en Caracas con el propósito de «fortalecer los lazos de hermandad» entre Venezuela y Antigua y Barbuda.

Poeta y diplomática ecuatoriana que, entre septiembre de 2018 y septiembre de este año fue presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, vale la pena recordar algunos “hitos” de la carrera de Espinosa. Despegó bajo el Gobierno de Rafael Correa, quien primero la designó canciller y luego la fue rotando entre diferentes cargos. Al asumir Lenín Moreno, Espinosa fue llamada a, nuevamente, ejercer el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. Duró poco más de un año.

Varias polémicas la rodean. Su papel en el caso de Julian Assange ha sido objetado por la forma en la que nacionalizó y acreditó al activista australiano como diplomático ecuatoriano para que eludiera la justicia.

También están sus cuestionadas posturas sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Al ser consultada, dijo en enero de 2018 que su país no se metería en los asuntos de Venezuela. «La Constitución [de Ecuador] habla claramente de la no injerencia en los asuntos internos de otros estados (…) Hemos sido un país que sigue, apoya y acompaña el proceso de diálogo que se inició con República Dominicana», dijo a los medios el 26 de enero de 2018.

En un famoso discurso habló del Ché Guevara, Fidel Castro y Hugo Chávez como líderes «ejemplares» que conducen a Latinoamérica «a puerto seguro».

Recientemente Espinosa fue denunciada por «despilfarro de los fondos del Estado» y medios como El Enfoque señalaron que la ex canciller se había convertido «en un gasto impúdico». A Ecuador le cuesta medio millón de dólares tener a María Fernanda Espinosa en la ONU, tituló la revista Metro luego de la publicación por parte del Observatorio de Gasto Público de varios documentos en los que se detallan los gastos de la entonces presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Pero hay hechos aún más graves. Luego de denunciar una irregular compra de helicópteros por parte del Gobierno de Rafael Correa, el entonces comandante de la Fuerza Aérea de Ecuador y teniente general, Jorge Gabela, fue asesinado. El caso se investigó y una Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional concluyó que Gabela había sido asesinado por sus denuncias contra el Estado ecuatoriano.

Siendo ministra de Defensa entre 2012 y 2014, María Fernanda Espinosa estuvo al frente de la investigación de Gabela. En 2015, poco después de dejar el cargo, el criminalista argentino Roberto Meza, quien fue contratado por el Gobierno de Correa en 2013 para realizar una investigación pericial sobre la muerte del teniente general, «denunció que se le pidió que borre capítulos de su informe». Propiamente acusó a Espinosa de estar detrás de los esfuerzos por modificar su informe con el propósito de que no se viera vinculado el Gobierno de Correa.

«Para sorpresa nuestra el año pasado en comunicaciones nos pedían que se eliminen capítulos sustanciales de este informe. No accedimos. Les dijimos que hagan lo que ellos querían, pero nosotros no íbamos a firmar eso», dijo Meza en una entrevista radial en febrero de 2015. Aunque el criminalista entregó al Gobierno de Correa el documento íntegro en septiembre de 2013, la Comisión Interinstitucional de la presidencia jamás lo divulgó. Por su parte, Espinosa aseguró que es mentira la acusación.

Un importante periodista ecuatoriano, que prefirió resguardar su nombre, dijo al PanAm Post que «Espinoza es un instrumento del castrismo, el correísmo y el bolivarianismo». Se refirió a su vinculación con el ALBA y, también, a las supuestas mañas que compartiría con un funcionarios en particular del régimen de Nicolás Maduro, el exvicepresidente Tareck El Aissami, recientemente incluido en la lista de los criminales más buscados por Estados Unidos.

Ello debido a que, dado el poder que tuvo durante la gestión de Rafael Correa, la antigua canciller tendría responsabilidad en la red de apoyo al terrorismo que logró tejer el Gobierno de Correa, según denunció el miembro principal del International Assestment and Strategy Center y reconocido consultor de seguridad nacional estadounidense Douglas Farah ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Dijo Farah que, entre los Estados agrupados en el ALBA, se está armando una operación de «delincuencia organizada transnacional» en conjunto con «actores regionales como Irán y grupos terroristas».

Asimismo, aseveró: «Varios de cientos de ciudadanos iraníes han recibido cédulas ecuatorianas o tarjetas de identidad, lo que les permite viajar a muchos lugares de América Latina (…) Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han concedido pasaportes a ciudadanos iraníes en sus respectivos países, liberando a las personas para viajar de manera casi imposible de rastrear».

Por último, está su esposo, el nicaragüense Eduardo Mangas. De ser un alto funcionario del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, Mangas pasó a asumir la secretaría general de la presidencia de Lenín Moreno, quien lo forzó a renunciar el 11 de diciembre de 2017 luego de que se filtrara un audio en el que hablaba de la corrupción durante el Gobierno de Rafael Correa. Aunque Mangas ha sido citado a comparecer en Fiscalía por las implicaciones del audio filtrado, eludió en varias ocasiones acudir.

Todos estos escándalos y el ruido en torno a la figura de María Fernanda Espinosa, devinieron en que desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador se impulsara en su contra un juicio político. Son muchas las acusaciones.

“Espinosa incumplió sus funciones como ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el manejo de la crisis de la frontera norte con Colombia, en la cual perdieron la vida tres periodistas de El Comercio. Las irregularidades del proceso para la concesión de asilo y posterior nacionalización de Julian Assange. Y la situación de los ecuatorianos residentes en Venezuela”, señalaron más de cincuenta asambleístas que respaldaron el juicio contra la excanciller. También se refieren a desviación y manejo equivocado de fondos públicos.

El juicio fue tratado en junio de este año y contó, incluso, con el apoyo de asambleístas del propio partido de Rafael Correa, Alianza País. Al final Espinosa no fue censurada y, como se lee en el medio GK, pudo «escapar de su muerte política» gracias a que a los que impulsaron el juicio les faltó cinco votos —que son los necesarios para condenarla—. De los 125 asambleístas presentes, 87 votaron a favor, 36 se abstuvieron y solo dos votaron en contra de censurarla. Se salvó.

Empecinada en avanzar, quien claramente se ha convertido en una pieza de intereses opacos ahora va por la secretaría general de la Organización de Estados Americanos. La respalda el ALBA, ese grupo que Farah acusó de convertirse en una organización criminal. Sin duda aliada del castrismo y del chavismo, en consecuencia afín a una causa mayor y mucho más peligrosa: el crimen transnacional y la derogación del sistema democrático en la región. La ideología de la corrupción va ahora por la OEA.