El Consejo de Transporte Público (CTP) detectó al menos 431 unidades con algún tipo de sospecha de alteración en los últimos dos años.
El dato alarma a las autoridades de la institución y las del ámbito judicial, debido al riesgo de que los sistemas fallen y se produzcan accidentes de tránsito con desenlaces que podrían resultar catastróficos.
De acuerdo con el CTP, las 431 unidades fueron enviadas al Departamento Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ubicado en Heredia y de ahí se encontraron 16 casos con indicios reales de alteración.
Manuel Vega, director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, dijo a DIARIO EXTRA que para la atención de la problemática se suscita una coordinación directa tanto con el OIJ y con la empresa Riteve, dedicada a la revisión técnica vehicular.
Vega manifestó que en el momento en que se recibe una denuncia de una supuesta alteración del número de chasís se procesa directamente con Riteve.
En caso de que Riteve detecte alguna situación anómala a lo largo de las dos revisiones que se realizan de manera anual, de inmediato el caso se pone en conocimiento del Organismo de Investigación Judicial.
Luego de eso, la entidad judicial ejecuta otra revisión. Las autoridades reconocen que la situación es delicada porque los autobuses a nivel de chasís cuentan con un periodo de vida útil, que debe ser cumplido para garantizar la seguridad de las personas que viajan en las unidades.
En caso de que ese número se altere para que el bus pueda ser usado, se genera un factor de riesgo a los pasajeros.
Vega explicó que los riesgos son mayores porque los chasís se van fatigando y podría tener complicaciones eventuales de un accidente mayor.
ANÁLISIS DE RTV
El punto clave de análisis para determinar si la unidad cuenta con algún tipo de adulteración es desde el proceso de Revisión Técnica Vehicular.
Jennifer Hidalgo, subgerente de Comunicación de Riteve, manifestó a El Periódico de Más Venta de Costa Rica, que el procedimiento que se sigue es el mismo tanto en vehículos como en buses.
Hidalgo reconoció que al instante en que se detecta algún problema existen diversos procedimientos a seguir, dependiendo de la gravedad del asunto y el tipo de falta que se encuentre.
Agregó que si el número de identificación no coincide con las características del automotor, automáticamente se procede al rechazo del RTV.
En tanto recordó que cuando se trata de sospechas de manipulación se realizan las consultas internas pertinentes para enviar el caso de forma directa ante el OIJ.
CHATARRIZACIÓN
El Consejo de Transporte Público reconoció que en Costa Rica hace falta un proceso de chatarrización una vez que el bus cumpla su ciclo de vida.
El director ejecutivo del CTP manifestó que es necesario contar con una reforma a la ley para chatarrizarlos.
Los buses en ruta regular cuentan con un periodo de autorización de 15 años; una vez cumplido ese periodo, las unidades pueden utilizarse para el transporte especial como estudiantes, trabajadores o turismo.
Manuel Vega recalcó que cuando se cumplan las dos décadas establecidas para su vida útil, de inmediato deben eliminarse del parque vehicular nacional y convertirlos en chatarra, no obstante, aún en el país no se cuenta con eso.
