María Inés Solís, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó un proyecto de ley que busca reactivar y legalizar la industria minera a cielo abierto en el país.
El proyecto (expediente 21.782) cuenta con el respaldo del Colegio de Geólogos y derogaría la prohibición que el Estado tiene desde hace 10 años sobre este tipo de minería.
Según la diputada el objetivo de la ley es retomar la regulación y someterla a reglas técnicas que “permitan el control absoluto y desarrollo responsable de esta actividad por parte del Estado”, el cual debe velar también por la protección de los pasivos ambientales a lo largo de las etapas de exploración y explotación.
Insistió que se prohíbe la utilización de mercurio. “Los costarricenses, pero en especial quienes vivimos en San Carlos, somos testigos de la devastación ambiental que existe en la zona Crucitas, luego de que el Estado renunciara hace 10 años a legislar sobre el tema de la minería metálica a cielo abierto.
Prohibir esta actividad, lejos de proteger nuestro yacimiento aurífero, la flora y fauna de la zona, provocó su explotación ilegal que, desde entonces, realizan miles de extranjeros ilegales que ingresan desde otros países de Centroamérica al nuestro para extraer el oro tico, sin que el Estado o el municipio reciban un solo recurso por concepto de impuestos o cánones, pues esa actividad la prohibió la ley. Como legisladora representante de la Zona Norte, me veo obligada a actuar”, expresó Solís.
RESPONSABILIDAD
Según el comunicado oficial enviado por la congresista, la presidenta del Colegio de Geólogos Marlene Salazar Alvarado confirma que ellos trabajaron el proyecto siendo el único de otros cinco en la corriente legislativa en esa línea que cuenta con su respaldo.
“Nuevamente y como lo ha venido haciendo durante la última década, a través de diversas iniciativas, el Colegio como ente profesional con la mayor cantidad de expertos en materia de minería, con gusto, pero sobre todo con responsabilidad, se ha mostrado siempre anuente a aportar su conocimiento para fomentar un aprovechamiento moderno y real de nuestro subsuelo para el beneficio de todos los costarricenses, principalmente aquellos que viven en las zonas rurales que tanto necesitan un desarrollo responsable apegado a la técnica y la ciencia de última generación”, adujo Salazar.
RECURSOS
La propuesta establece que lo recaudado con el Impuesto al Valor Agregado un 30% deberá ir a la municipalidad local para el financiamiento de programas, obras y proyectos de interés para las comunidades.
Además, propone trasladar la Dirección Nacional de Geología y Minas al Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) para estimular la actividad.
En setiembre pasado la liberacionista María José Corrales con el apoyo de su fracción presentó un proyecto de ley 21.584 en una vía similar, el cual propone habilitar tres tipos de minería en el país: la artesanal, la pequeña y la mediana.
En el caso del plan verdiblanco, se establece un impuesto del 20% sobre las ventas brutas del material extraído.
La oficialista Paola Vega calificó el texto como demagogia y populista para dar una falsa solución a la situación de Crucitas.
La Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) estima pérdidas por $400 millones por extracción de oro de forma ilegal en Crucitas.
El gobierno se comprometió a presentar un plan remedial para frenar la contaminación y la tala de árboles en el sector, sin embargo, este aún no toca las puertas del Congreso.
