El diputado del Partido Unidad Social Cristina (PUSC), Pedro Muñoz, solicitó suspender el contrato de trabajo y el pago de salario de los sindicalistas que estuvieron en huelga el pasado 10 de setiembre frente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Le hizo la petición a Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la CCSS, el pasado 11 de setiembre mediante un oficio.
El legislador considera que hay suficientes resoluciones judiciales “que confirman que los servicios de salud son servicios esenciales en los que la huelga está prohibida”.
En el documento, Muñoz hizo referencia a pronunciamientos de la Sala Constitucional y artículos del Código de Trabajo, entre ellos:
“Artículo 380. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en los establecimientos, negocios, departamentos o centros de trabajo en que esta se declare, por todo el tiempo que ella dure.”
“Artículo 386. – Si la huelga fuera declarada ilegal por los tribunales y se determinara además, en la misma resolución, que los motivos de la huelga son imputables al empleador o la empleadora (…) condenará a aquel al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos permanezcan en huelga. La liquidación respectiva se realizará por medio del proceso de ejecución de la sentencia”
El legislador finaliza el documento pidiéndole a Macaya, “(…) que proceda a suspender el contrato de trabajo y como consiguiente a suspender el pago de las remuneraciones a todos los huelguistas”.
Declaratoria de legalidad
El movimiento de huelga al que se refiere el diputado socialcristiano no ha sido declarado ilegal por un tribunal, y según el artículo 379 del Código de Trabajo, indica que el rebajo o salarios o finiquito de contrato procedería – únicamente – con la declaratoria de ilegalidad en firme.
Los trabajadores que participaron en el movimiento huelguístico antes de esa declaratoria no pueden ser despedidos, rebajados sus salarios ni sancionados de forma alguna por la mera participación en la huelga”
Vía – CRhoy
