Un equipo de especialistas de la Defensoría de los Habitantes de la República pasó nueve horas en la Casa Presidencial, en Zapote, San José, recolectando elementos para su informe sobre la unidad de análisis de datos a la que Carlos Alvarado dio acceso — a través de un decreto — a información confidencial de la ciudadanía.
Se trata de seis funcionarios que acompañaron a su jerarca Catalina Crespo al encuentro sostenido la mañana de este lunes con el mandatario. La cita arrancó a las 8:00 a.m. y se sostuvo alrededor de dos horas.
Pasada esa reunión, en la que la defensora y sus subalternos cuestionaron a Alvarado aspectos relacionados a la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el grupo técnico se quedó a hacer un intercambio con los asesores del gobernante.
- Catalina Delgado, directora de Asuntos Jurídicos
- Hugo Escalante, jefe del Departamento de Informática
- Ameh Tabash, jefe del Departamento de Prensa Institucional
- Hazel Díaz, especialista en datos abiertos, transparencia y anticorrupción
- Wendy Durán, especialista en protección de datos
- Guillermo Bonilla, especialista en transparencia
La defensora explicó que en horas de las noche del lunes se reuniría con su equipo para conocer los hallazgos de la visita a la sede del Gobierno de la República.
A partir de este martes y hasta final de semana, la institución que vela por los derechos de los habitantes comenzará a analizar los datos que compiló y luego preparará un documento de carácter público, que se espera esté disponible a más tardar el próximo viernes.
El informe será remitido a la fiscala general Emilia Navas, para que sirva como insumo en una eventual investigación contra la oficina de asesores de Alvarado.
«Nos quedaron varias dudas»
El equipo de la Defensoría de los Habitantes tuvo acceso a los datos que analizó la Unidad Presidencial, por lo que ahora se procederá a estudiar la información que allí se manejó.
La jerarca del ente adscrita a la Asamblea Legislativa, Catalina Crespo, dijo que persisten las preguntas sobre los datos que consultaron los asesores de Carlos Alvarado.
Por ejemplo, la defensora destacó que la Unidad accedió a las flotillas de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica y no a la de la Contraloría General de la República (CGR), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) o el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).
También expuso sus dudas sobre la rigurosidad de la información, pues encontró que, aunque la información en manos del órgano de análisis arroja problemas en infraestructura en el Liceo de Liceo de Chacarita en Puntarenas, no lo hace con la severidad que demuestra una visita hecha por ella y el Cuerpo de Bomberos 10 días atrás.
El equipo de la entidad que vela por los derechos de los ciudadanos solicitó copia de todos los convenios con instituciones públicas para el acceso de información. Crespo consideró la conveniencia de que peritos el Ministerio Público verifiquen los tipos de datos que consultó la Presidencia de la República.
«Vamos a tener una investigación rigurosa desde el punto de vista técnico y legal para poder dar los resultados y esperando también trasladar a la Fiscalía otra información para que ellos desde su competencia y expertiz puedan contribuir a ver cuáles son los hechos», prometió la defensora.
Unidad Presidencial cuestionada
La Fiscalía General de la República estudia dos denuncias interpuestas por los abogados penalistas Gloria Navas – en representación de Movimiento Ciudadano CR – y Juan Diego Castro. Las quejas se interpusieron tres días después de que el medio de comunicación CRHoy.com revelara los alcances del decreto 41996 — firmado el 14 de octubre de 2019, publicado el 17 de febrero de 2020 — que creaba la Unidad de Análisis de Datos.
Desde ya la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se apersonó en condición de víctima al proceso penal, en representación de los intereses del Estado, mientras que en la Asamblea Legislativa, diputados de oposición presionan para que la fiscala general Emilia Navas dirija un allanamiento en la Casa Presidencial.
Por este caso, el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, admitió un voto de censura que será votado entre los próximos 5 y 10 días.
También se aprobó una interpelación sobre el tema para el jerarca, mientras que otras tres se tramitan para los ministros Pilar Garrido, de Planificación Nacional y Política Económica, Juan Luis Bermúdez, de Desarrollo Humano e Inclusión; al igual que para el viceministro de la primera de las carteras, Daniel Soto.
El Plenario además acordó la creación de una comisión especial investigadora.
Morales se disculpó la mañana de este lunes por el decreto emitido una semana antes, no obstante, hasta ahora no se anunciaron sanciones contra los responsables de su redacción, los asesores Diego Fernández y Luis Salazar.
Vía – Elobservadorcr
